Gobierno de España

El cierre del trasvase Tajo-Segura enfrenta a Junta y Gobierno

La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo
La consejera andaluza de Agricultura, Carmen CrespoManuel Olmedo

«El trágala no vale con este Gobierno», avisó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. Sintetizó una idea genérica de advertencia al Ejecutivo central comandado por Pedro Sánchez, pero aplicable en este caso al cierre del trasvase Tajo-Segura. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, trasladó ayer a sus compañeros del Consejo de Gobierno que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite dos recursos contenciosos-administrativos presentados contra las órdenes de ese trasvase correspondientes a los pasados noviembre y diciembre y dictadas por el entonces Ministerio para la Transición Ecológica. Desde Madrid se «impuso» que se destinaran 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento y se aplicara el criterio de «trasvase cero» para regadío en Almería durante los dos meses mencionados. Ello, pese a que, de acuerdo al relato del Ejecutivo regional, la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura había propuesto un trasvase para noviembre de «14,7 hectómetros cúbicos, de los que 7,5 serían para abastecimiento mientras que 7,2 podrían destinarse a regadíos»; y para diciembre, de «hasta 19,6 hectómetros cúbicos», de nuevo 7,5 para abastecimiento y con la posibilidad de que los 12,1 restantes se vincularan «al regadío».

En ese escenario, la Junta movió ficha al no entender por qué el Gobierno estatal se apartó «por primera vez» de lo fijado por la citada comisión central y por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que indicó «una disponibilidad de recursos de 7,2 hectómetros cúbicos para regadío en noviembre» y de «12,1» en diciembre.

La procedente del Tajo-Segura supone el 25% del agua con la que regar 24.000 hectáreas del Levante almeriense, con lo que el impacto del cierre del grifo es «grave» para los agricultores almerienses, según expuso Bendodo.

La consejería del ramo recurrirá también la decisión del nuevo Gobierno central ordenada para el pasado enero.