La Junta denuncia la herencia de 5,5 millones en multas por los incumplimientos con la depuración de aguas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible denuncia que “el incumplimiento en materia de depuración de aguas para aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes-equivalentes que desde 2004 mantuvieron los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía costará a los andaluces 5,5 millones de euros en sanciones”. La antigua Junta de Andalucía, señaló la Consejería, tardó hasta 15 años en reaccionar a los requerimientos de la Unión Europea “y no lo hizo hasta que recibió los avisos de posibles sanciones”. Pese a ello, “la Junta va a recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la imposición de estas multas al entender que el procedimiento que ha llevado a cabo el Gobierno central no ha sido el adecuado”.

Para la eliminación de la imposición de multas la Junta de Andalucía debe activar las depuradoras para las aglomeraciones de Isla Cristina y Coín, que estarán finalizadas este mismo año, así como la de Málaga Norte. La falta de ejecución de estas tres depuradoras es lo que ha ocasionado la sanción que debe pagar la Junta, además de las que debe construir el Gobierno central (Barbate y Matalascañas), “que ni siquiera se han iniciado”, señaló la Junta.

El actual Ejecutivo autonómico señala que encontró al acceder al Gobierno que en Isla Cristina el colector que estaba ejecutado estaba arruinado y había que volver a hacerlo y que tampoco estaba finalizada la EDAR de La Antilla, pendiente de conexión eléctrica. Además, indica que comprobó que en Coín estaba la depuradora sin finalizar y el colector destrozado, mientras que ni siquiera estaba redactado el proyecto para la depuradora de Málaga Norte.

El equipo actual de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible defiende que está agilizando los plazos con respecto al conjunto de las actuaciones de depuración declaradas de interés autonómico con el fin de que todas ellas estén en marcha este mismo año.

El nuevo Gobierno andaluz, destacó, “ya ha activado la fase de pruebas de la EDAR de La Antilla mientras que el colector de Isla Cristina ya está encomendado a Tragsa, que iniciará la obra nada más finalizar el periodo de alarma decretado por la crisis sanitaria del Covid-19”. La actuación de la nueva Junta de Andalucía “ha permitido reducir en 6 meses el plazo de ejecución de esta EDAR tras haber revisado el proyecto, hacer la encomienda a Tragsa y establecer una conexión eléctrica provisional en la EDAR de La Antilla, lo que ha permitido ponerla ya en fase de prueba”.

Respecto a la aglomeración urbana de Coín, el nuevo equipo de la Junta asegura que activó el periodo de pruebas y lo dio por finalizado el pasado mes de octubre, por lo que únicamente falta por ejecutar el colector, que también se iniciará una vez finalizado el estado de alarma. La Junta defiende que “debido a que el Gobierno anterior no declaró la emergencia cuando se dañó el colector de Coín, el nuevo equipo de la Junta se ha visto obligado a tramitar un modificado al proyecto para repararlo”. Esta actuación finalizará este año y supondrá la eliminación de la sanción impuesta por la UE, comunicó la Consejería de Agricultura.

Por último, en cuanto a la EDAR de Málaga Norte, una actuación que conllevará una inversión de 110 millones de euros, el equipo de la actual Consejería explica que no solo encontró esta actuación sin proyecto de redacción, “sino que ni siquiera estaba firmado el convenio preceptivo para iniciar las obras”. Ambos trámites, apunta la Consejería, “están ya prácticamente finalizados y ya se están redactando los pliegos de un nuevo procedimiento de contratación, de diálogo competitivo, con el fin de acortar hasta en un año los plazos que normalmente conllevan una actuación de esta envergadura”.