La Fiscalía del Estado investiga a diez residencias andaluzas por el coronavirus

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha elevado este martes hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente por el Ministerio Público como consecuencia de la situación creada por la pandemia. El pasado viernes informó de que las investigaciones por posibles delitos se limitaban a 38 centros. Actualmente también constan abiertas 126 diligencias civiles, que se enmarcan en la labor tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Los datos, actualizados a 20 de abril, son notablemente más elevados. Fuentes de la Fiscalía atribuyen la diferencia a que no puede hablarse de una “foto fija” y adelantan que los datos pueden seguir variando según pasen los días, puesto que algunas diligencias son archivadas y otras dejan de contar para la Fiscalía al ser judicializadas. Así ocurre con dos investigaciones penales de las que se informó el pasado viernes en dos residencias de Murcia y otro centro en Valencia, que han sido archivadas y no aparecen en el listado distribuido este martes.

Así, según el último recuento se investigan penalmente 40 residencias en Madrid, 1 residencia en Zaragoza; 1 en Arrecife-Puerto del Rosario; 7 en Castilla y León (1 por la Fiscalía Superior, 1 por la Fiscalía de Soria, 1 en Salamanca, 1 en León, y 3 en Valladolid); 20 en Cataluña (18 en Barcelona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona); 5 en Extremadura (1 por la Fiscalía de la Comunidad, 2 por la Fiscalía de Cáceres y 2 por la de Badajoz); 5 en Galicia (1 por la Fiscalía de la Comunidad, 1 por la Fiscalía de Lugo, 2 por la de Orense y 1 por la de Pontevedra) y 1 en La Rioja.

Por lo que respecta a las diligencias civiles, constan 50 investigaciones sobre amparo de personas en situación de vulnerabilidad en Cataluña, 10 en Andalucía, 3 en Aragón, 2 en Canarias, 3 en Cantabria, 8 en Castilla-La Mancha, 15 en León, 9 en la Comunidad Valenciana, 7 en Extremadura, 11 en Galicia, 1 en La Rioja, 4 en Madrid, 1 en Murcia, 1 en Navarra y 1 en el País Vasco.

Según la nota de prensa difundida por la Fiscalía General, desde el inicio de la actual situación de emergencia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las fiscalías provinciales han realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores. En nuestro país existen aproximadamente unas 5.460 residencias, públicas y privadas. En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos.

Estas diligencias tienen diversos objetivos. De un lado, recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la labor protectora del Ministerio Fiscal en este ámbito.

Finalmente, y como consecuencia de esta actividad, la Fiscalía añade que “reconoce y quiere destacar el extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores y, muy especialmente, por sus trabajadores y trabajadoras y el personal encargado de los centros”.