Investigan si hubo delito en la muerte de varios ancianos por coronavirus en una residencia de Cádiz

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha abierto diligencias de investigación penal para determinar si se cometió algún delito en las muertes producidas en una residencia de ancianos de la provincia cuyo nombre no ha trascendido, según ha informado este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Según el informe semanal del Ministerio Público sobre las incidencias en los centros de mayores, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía gaditana recibió el pasado 7 de abril la denuncia de una asociación y ha incoado las diligencias 18/20, que a su vez ha remitido al fiscal jefe del Área de Jerez, Francisco García Cantero, “por tratarse de una residencia sita en su territorio” . De la Fiscalía jerezana, por ejemplo, depende el partido judicial de Arcos de la Frontera, al que a su vez pertenece la localidad de Alcalá del Valle, en cuya residencia de mayores fallecieron nueve personas, cinco dentro del propio centro, lo que provocó la protesta pública del alcalde, Rafael Aguilera (IU), que reclamó la ayuda de las Administraciones para evacuar el centro cuando había unos sesenta contagiados.

De hecho, casi una treintena de residentes fueron trasladados el 24 de marzo a la residencia de tiempo libre ‘El Burgo Turístico’, en La Línea de la Concepción, aunque regresaron a Alcalá del Valle el 11 de mayo, no sin que antes el alcalde denunciase que el Ayuntamiento se había encargado de hacer de nuevo los tests tanto a los ancianos como a los trabajadores de la instalación.

En cuanto al resto de Andalucía, con datos actualizados el 1 de junio, la Fiscalía mantiene abiertas siete diligencias informativas, en las que los fiscales delegados recopilan toda la información sobre los centros donde ha habido alguna incidencia.Las últimas han sido incoadas en virtud de un correo enviado por un partido político en relación con el seguimiento de la gestión de las residencias de mayores de la provincia de Cádiz como consecuencia de la pandemia y se unen a las abiertas el 4 de mayo por la misma Fiscalía provincial respecto al fallecimiento de una residente de un centro.

En Sevilla, las diligencias abiertas desde el inicio del estado de alarma incluyen dieciséis piezas separadas sobre otras tantas residencias, entre ellas la de San Juan de Aznalfarache donde murieron más de una treintena de mayores. El resto continúan siendo una en Córdoba; dos en Málaga, una general y otra específica sobre un solo centro; y una en Jaén.Además, hay un expediente gubernativo en Cádiz con el seguimiento de todas las residencias de la provincia y Ceuta, uno en Huelva, otro en Marbella (Málaga), uno en Melilla y cinco en Dos Hermanas (Sevilla). El 10 de mayo se archivaron las diligencias preprocesales incoadas el 24 de abril relativas al Geriátrico de Linares (Jaén), donde han fallecido diez personas.