Sindicatos y familias se sacuden la corresponsabilidad en la vuelta al cole por la falta de diálogo de la Junta de Andalucía

Como cenizas calientes. Así ven algunas familias y docentes la vuelta al colegio, de ahí que quieran alejar de ella a los alumnos. Pero, a las puertas de la reunión de los consejeros autonómicos de Educación con los ministros de esa materia, Sanidad y Política Territorial que se celebrará mañana, desde el Gobierno andaluz se ha insistido hoy en un regreso a las aulas bajo un concentrado de cuatro premisas: seguridad,presencialidad, responsabilidad colectiva –de la Administración y la comunidad educativa– y colaboración entre todos los actores implicados. El destilado lo han difundido varios de sus miembros tras un encuentro del presidente, Juanma Moreno, con los titulares regionales de Educación, Javier Imbroda, y de Salud, Jesús Aguirre, previo al cónclave nacional,del que esperan «cierta unificación, sobre todo, en cuestiones higiénico-sanitarias» como qué hacer con las mascarillas, «para todo el territorio nacional», en palabras de Imbroda, quien ha admitido que «el riesgo cero no existe», pero ha garantizado que se ha actuado para «minimizarlo al máximo».

El Ejecutivo andaluz ha informado a través de una nota de que los consejeros resumieron a Moreno lo hecho desde que se declarara en marzo el Estado de alarma «para trabajar en el concepto de ‘Aulas seguras’» tras el «más de un centenar» de contactos que Educación ha mantenido con «colectivos diferentes» para «planificar la vuelta al cole». La Junta invertirá más de 600 millones y sumará a unos 8.000 profesionales. De ellos, 6.260 serán profesores o maestros y 1.600 trabajadores del ámbito de la limpieza. Si bien, fuentes de UGT reducen los más de 6.000 a «4.932 plazas», descontadas las horas de coordinación ligadas a la covid, y «divididas entre la enseñanza pública –3.960 para 4.587 centros– y la concertada –972 para 1.897–». Y apuntan otro elemento a tener en cuenta: se contratará «en principio sólo hasta el 31 de diciembre» en el sistema público y «a partir del 3 de septiembre»; y «hasta el 23 de diciembre», en el caso de la concertada. Con todo, las mismas fuentes han matizado que les han transmitido que, «si continúa la situación sanitaria», esa cobertura podría «prorrogarse hasta el 30 de junio» de 2021.

Los sindicatos saben que este asunto no se disolverá como una bolita de barro. Hoy ha habido también reunión de la Mesa Sectorial en la que se les ha insistido en la «responsabilidad compartida» para que el curso arranque. Pero UGT mantiene que «no es responsable» de lo que «no ha sido partícipe». Reclama una bajada de ratios, el refuerzo de las plantillas docentes y personal sanitario en las instalaciones educativas; y no que se plantee «la creación de grupos de convivencia –en Primaria–, en los que el alumnado no está obligado a llevar mascarilla ni a guardar la distancia de seguridad». CC OO, por su parte, ha exigido más inversión y ha tildado de «parches» directrices de Educación como «la entrada escalonada, el uso obligatorio de mascarillas, o la utilización de la misma mesa y silla en el aula, en el transporte y en el comedor escolar». Ha avisado de que no son factibles con «grupos de 28 niños en Primaria o superior a los 30 en el resto de niveles educativos». Ambas organizaciones sindicales se han quejado de que «no se ha contado» con los implicados.

CSIF ha llegado a proponer ahora que se armen «escuelas o aulas de campaña» en «espacios municipales», o de otras administraciones como pabellones deportivos o centros cívicos o de día, «cuando sea necesario». Del lado de las familias, Olga Amado, miembro de la AMPA en Pie, de Málaga, ha instado al Gobierno autonómico a «consensuar con la comunidad educativa unas instrucciones en condiciones», dado que, a su juicio, «las que hay que son completamente inviables por falta de medios y de recursos, tanto humanos como materiales». Ha indicado a LA RAZÓN que «existen leyes por encima de ellas que hay que cumplir» como la que fija «la distancia de un metro y medio». Amado ha invitado a los integrantes de la Junta a «dejar el palacio de San Telmo» e «irse a un centro educativo a trabajar». Continuará.

La Educación Infantil, no obligatoria pero «fundamental»

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, ha recomendado que los niños de 0 a 6 años vayan a clase, aunque la Educación Infantil no sea obligatoria, al entender que es una formación «fundamental». Fue preguntado por esa cuestión, tras las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien afirmó que «lo lógico y razonable» es que los padres y madres decidan si esos menores vuelven a las aulas o no. Al margen de la Junta, el sindicato APIA ha abogado por «la enseñanza semipresencial» para enfrentarse a la Covid-19, aunque ha admitido que es más fácil en Secundaria que en Primaria, debido al «problema» de «la conciliación laboral de las familias».