¡A las cubiertas por el empleo!

Un pilar fundamental para la recuperación de la economía andaluza probablemente esté en el sector de la construcción a través de las reformas en cubiertas y fachadas de edificios. Para apuntalar esta afirmación es de ayuda prestar atención a las recomendaciones de un economista turco.

Fatih Birol es una de las personas a las que hay que seguir la pista para estar informado de los desarrollos inmediatos en materia de energía desde una perspectiva mundial. Este economista turco no sólo es el actual director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía sino también, para no extenderme, miembro del comité de asesores de la ONU y presidente del Foro de Davos. En el inicio del mes de junio inauguró el Congreso Internacional sobre Eficiencia Energética y no dejó de repetir: «la eficiencia energética es una máquina de crear puestos de trabajo». Esto no deja de ser contraintuitivo porque, en última instancia, la mejora de la eficiencia energética implica producir lo mismo con menos recursos lo que, como mínimo, impactaría negativamente en el sector energético y en su industria auxiliar. El empeño en actuar sobre el sector energético está justificado en que 14 de las 40 gigatoneladas de gases de efecto invernadero (GEI) que se emiten anualmente en el Planeta por acciones antropogénicas, proceden de ese sector.

Su visión de las cosas no sólo es clara sino también compartida por otros líderes de organismos internacionales, sin ir más lejos, la propia presidenta de la Comisión Europea. La recomendación determinante de Fatih Birol para el diseño de los billonarios programas de estímulo para superar la crisis económica post Covid-19 es clara: creación de empleo con actuaciones compatibles con la transición a un sistema energético sostenible. En definitiva, nada de aprobar programas de inversiones anticíclicas apresuradamente a lo Plan E del presidente Rodríguez Zapatero. Hay que diseñar programas de inversión financiados con los paquetes de estímulo financiero que, después de garantizar la atención sanitaria, contribuyan en el camino hacia la construcción de un sistema energético compatible con los compromisos mundiales asumidos en los Acuerdos de París de 2015.

El orden de prioridad que Fatih Birol establece en las políticas energéticas dentro de los billonarios paquetes de estímulo anticrisis es: 1) actuaciones en los edificios, principalmente en la renovación de los mismos, 2) inversión en energías renovables con especial protagonismo para la energía solar (acaba de alcanzarse un nuevo record de coste a la baja en 11,14 €/MWh) y 3) inversión en redes de transporte y distribución eléctrica. Entendamos a continuación este orden de prioridad que, no perdamos de vista, es compartido por la Unión Europea en su «Green deal».

El consumo de energía que se realiza en los edificios residenciales, comerciales y de la administración pública es responsable del 28% de las 40 gigatoneladas de GEI antes mencionadas. La Agencia Internacional de la Energía estima que para que contribuya eficazmente a evitar el calentamiento global, debe reducir sus emisiones en un tercio en sólo una década, hasta 2030. Sin duda es un reto de extraordinaria magnitud que debería reducir las emisiones de los edificios desde las 10 gigatoneladas de GEI hasta las 6 gigatoneladas en 2030. Esto va en línea con la Directiva 2010/31/UE orientada a los denominados «edificios de consumo de energía casi nulo».

Precisando más aún, para reducir las emisiones asociadas a los edificios hay que lograr reducir la demanda de energía para calefacción y refrigeración manteniendo el confort a través de medidas agresivas en la envolvente de los mismos (techos y fachadas). Los que hemos tenido oportunidad de investigar en este ámbito tomamos dos tipos de valores extremos de temperaturas como relevantes. Por una parte, se asume que por debajo de los 15 o 18 grados centígrados los sistemas de calefacción se ponen en marcha mientras que los sistemas de refrigeración lo hacen por encima de los 26 o 28 grados centígrados.

Sin duda las medidas agresivas sobre la envolvente de edificios orientadas a mejorar su aislamiento térmico actuarían como «la máquina de generación de puestos de trabajo» de la que habla Fatih Birol. La cuestión es cómo mover el dinero para que llegue hasta las empresas de reformas. La cuestión no es fácil.

A diferencia de otras actuaciones públicas que promueven inversiones vía subsidios directos, la fórmula que la Unión Europea parece tener prevista para este tipo de actuaciones es mucho menos directa. La fórmula consiste en ofrecer garantías o avales públicos a los proyectos de inversión privados (o público-privados) con la condición de que estos contribuyan a la lucha contra el cambio climático. En definitiva, son las comunidades de propietarios quienes tendrían que financiar las obras de reforma de las envolventes de sus viviendas con la única ayuda de un aval público de parte de la cantidad financiada. En un contexto de crisis es ingenuo pensar que las familias estarán dispuestas a tomar estas iniciativas que impactarán en sus bolsillos en forma de derramas en sus cuotas a la comunidad de propietarios. Sólo un cambio en los requisitos técnicos de los edificios moverá estas obras de reforma y, a menos que se busque una revuelta social, el sector público deberá asumir vía subsidios a las empresas de reformas una parte significativa de su coste. La Agencia Andaluza de la Energía cuenta ya con una dilatada experiencia en los subsidios a la instalación de ventanas con doble acristalamiento, una de las acciones pro aislamiento de viviendas más extendidas en el Planeta.

De todas las actuaciones que promueven la transición a un sistema energético sostenible (introducción de tecnologías de generación basadas en fuentes renovables, mejora de la eficiencia energética, etc), las actuaciones sobre los edificios son las menos coste-eficientes en términos del coste por tonelada de gas de efecto invernadero evitada pero, al mismo tiempo, son las más generadoras de puestos de trabajo. Además, crean puestos de trabajo en un sector tractor de la economía como es el de la construcción que en Andalucía –y ya con la crisis del Covid en pleno vigor– ocupaba a más de 192.000 personas (el 6,6% del total de ocupados en el segundo trimestre de este año).

Hay, en definitiva, buenas expectativas en este ámbito pero serían vanas las esperanzas puestas si el sistema de intervención pública se limita a avalar parte del coste. Si fuese así estaríamos ante unos «multiplicadores dudosos» en la movilización de recursos financieros para la lucha contra la crisis tal y como advertimos a finales de julio en estas mismas páginas.

* José Manuel Cansino es catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile