Bravo asegura que la Junta “no adoptará decisiones políticas” sobre el sector público

El consejero de Hacienda incide en que el objetivo que persigue el Gobierno andaluz es “eliminar el gasto superfluo” y hacer una “gestión eficiente” de los recursos y del personal

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha garantizado que el Gobierno andaluz “no adoptará decisiones políticas” de las conclusiones de las auditorías del sector público instrumental andaluz sino que serán “objetivas y apoyadas en la máxima información pública y privada”.

Bravo ha comparecido en comisión parlamentaria para informar de las auditorías encargadas a consultoras privadas para todo el sector público instrumental, que emplea a unas 26.000 personas, bajo la supervisión y control de la Intervención General de la Junta, con el objetivo de “reordenarlo para hacerlo más eficiente, eliminar duplicidades y lograr sinergias entre entidades”.

Ha expuesto que el trabajo de las empresas auditoras está ya en marcha, aunque lleva algún retraso por la demora en las licitaciones y por la Covid-19, pero esto ha hecho que se amplíe el campo de análisis hasta el año 2019 en vez del 2018, y ha recordado que en junio pasado se adjudicaron las auditorías de 56 entidades del sector público, incluido el análisis del personal del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que fueron agrupadas en dieciséis lotes por importe aproximado de tres millones de euros.

Desde agosto se están realizando reuniones periódicas entre los auditores y las empresas auditadas para recabar información y perfilar la planificación de los trabajos, según el consejero, quien ha asegurado que “se trabaja sin descanso para conseguir una administración más ágil, eficiente y eficaz”.

Las conclusiones de las auditorías serán “muy valiosas” para tomar decisiones que no serán “políticas sino objetivas” basadas en la información obtenida de dichos informes, ha insistido Juan Bravo, quien ha precisado que, si el Ejecutivo andaluz hubiera querido adoptar decisiones políticas, lo habría hecho hace tiempo.

Ha subrayado que “no buscan culpables sino soluciones para mejorar el sector público” y ha incidido en que el objetivo es eliminar el gasto superfluo y hacer una gestión eficiente de los recursos y también del personal para que “esté donde sea útil” y para que entren “todos por la misma puerta” a la administración y tengan las mismas oportunidades"

El portavoz del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha puesto en valor el trabajo y la utilidad de los entes del sector público andaluz para la cohesión social y territorial de Andalucía y ha pedido a la Junta que los refuerce en los presupuestos del 2021 dado su ámbito de actuación en sectores como el educativo y el sanitario y también que “no se deje llevar por la presión -de Vox- para recortar el sector público”.

La representante de Vox Ángela Mulas se ha quejado por el retraso de estas auditorías ya que los resultados deberían estar “ya o en unos meses” para “saber los chiringuitos que hay que suprimir” y acabar con una “supuesta estafa de más de 4.000 millones” durante la etapa del Gobierno socialista por irregularidades en la gestión del sector público instrumental.

En representación de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha valorado que se hagan auditorías, pero ha defendido que las realice el sector público como la Cámara de Cuentas o la Intervención, y ha sostenido que la Junta “busca una excusa para eliminar servicios”.

La diputada de Ciudadanos Mónica Moreno ha aplaudido que se haya cumplido el acuerdo de gobierno con el PP al poner en marcha estas auditorías que es una demanda de esta formación desde la anterior legislatura y a la que no se le dio respuesta a pesar de que “surge de la sociedad civil que pide una escrupulosa gestión del dinero público”.

El diputado del PP Pablo Venzal ha valorado la iniciativa del Gobierno andaluz de llevar un control de la gestión del sector público con la vocación de mejorarla y ha replicado al diputado de Adelante que las indemnizaciones por despido que incluyen los presupuestos del 2020 es para afrontar la “mala gestión” de los anteriores gobiernos socialistas en contrataciones y en indemnizaciones judiciales.