Pensiones: luces largas y cortas

Casi nueve millones de compatriotas reciben una pensión en la actualidad; una factura que sumó en septiembre pasado 9.911,43 millones de euros (M€) de los que 7.103,24 M€ fueron para jubilación y 1.709 M€ para viudedad. Esta nómina hay que pagarla catorce veces al año con las cotizaciones de más de 18 millones de afiliados a la Seguridad Social y de las empresas empleadoras.

Cada vez que alguien habla del futuro de las pensiones con frívola luctuosidad crea angustia en no pocos de estos compatriotas y también en quienes en breve tienen previsto dejar de trabajar y sustituir su sueldo por una pensión. La situación de angustia puede llevar a tomar decisiones económicas precipitadas como la venta de algún activo –por ejemplo la propia vivienda– para espantar la incertidumbre de que su pensión deje de pagarse. Por esta razón, cualquier luz que pueda arrojarse sobre esta cuestión tan sensible favorecerá decisiones sensatas.

Tanto el reciente acuerdo del Pacto de Toledo como las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) son ejemplos de recomendaciones de luces cortas para hacer frente a déficit estructural del sistema. Efectivamente, el sistema de la Seguridad Social tiene un déficit estructural que la propia AIReF cifra en el 1,3% del PIB. El déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y gastos del sistema una vez que descontamos de estos últimos los gastos que supone la carga de la deuda (amortización de la deuda pendiente y pago de intereses). Las propuestas de luces cortas sólo buscan atenuar el déficit pero no lo resuelven a medio plazo.

En concreto la AIReF propone reducir las cotizaciones por desempleo en 3 puntos porcentuales para pasar esos ingresos a cotizaciones por contingencias comunes entre las que se computan la jubilación y la incapacidad laboral. También propone sacar del presupuesto de gastos de la Administración de la Seguridad Social algunos conceptos que no son propios del sistema, por ejemplo, la tarifa plana de los trabajadores autónomos. Naturalmente todo lo que deje de computarse en el gasto de la Seguridad Social pasaría a engrosar el presupuesto de gastos del resto del Estado.

Esta propuesta de luces cortas responde a la visión de quien entiende que las pensiones –particularmente las de jubilación– deben ser parte de los gastos del Estado como lo son los gastos de Educación, de Defensa, Judiciales o de cualquier otra naturaleza. Este razonamiento plantea dos cuestiones inmediatas; 1) ¿el conjunto de los presupuestos generales del Estado puede ser el lugar de refugio de toda financiación de un servicio público? y 2) Si no es posible financiar todos las demandas de los colectivos de ciudadanos (representantes de la educación, de la seguridad, de la cultura, …) ¿cuál se sacrifica y cuál se mantiene?

Las luces largas para afrontar las amenazas que se ciernen sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones han quedado fuera del Pacto de Toledo y de las recomendaciones de la AIReF. Entre 2020 y 2021 se espera que el sistema arroje un déficit de 82.000 M€. La mitad del mismo va a ser financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado.

Las luces largas tienen que abordar cuestiones tales como la demográfica y la productividad del trabajo; dos cuestiones complejas. En primer lugar, las proyecciones demográficas se suelen aceptar socialmente sin la necesaria precaución. Por ejemplo, entre las proyecciones demográficas del INE y de Eurostat para la población española en 2065 hay 11 millones de habitantes de diferencia. Una diferencia inaceptablemente alta. En el mismo sentido, si recuperásemos las proyecciones demográficas que en la década de los 70 del siglo pasado hizo la ONU, el Planeta tendría hoy varios miles de millones de personas más de las que ahora lo pueblan. Por último, las proyecciones de la AIReF asumen que el flujo anual de inmigrantes a España sería de 330.000 personas pero en 2019 fue de más de 400.000 personas y la pandemia reducirá a más de 200.000 los inmigrantes de 2020. En conclusión, las proyecciones demográficas hay que tomarlas con mucha precaución. Mucho más fiable es el dato de la tasa de fecundidad que en 2019 se situaba en 1,2 hijos por mujer en España; prácticamente la más baja de toda Europa.

El otro gran asunto a incluir en la visión de luces largas es la productividad del trabajo. Esta variable es la que determina la cuantía de los salarios y, con ella, la cotización media por afiliado a la Seguridad Social. Sin embargo, no hay apenas mención a esta cuestión crucial.

España va a seguir pagando las pensiones. En mi opinión, no hay duda a medio plazo sobre esto. Se va a hacer cada vez en mayor medida recurriendo al conjunto de los ingresos del Estado, sobre todo en este escenario de lo que algunos llamamos en mitad de la primera ola, «crisis en forma de dientes de sierra». Pero antes o después, cuando el recurso a la emisión de deuda pública se vaya difuminando conforme el Banco Central Europeo deje de garantizar su compra, habrá que planearse qué parte del gasto ineficiente del Estado deberá eliminarse. En ese momento será inevitable elegir entre mantener el gasto de diecisiete miniestados o racionalizar la administración territorial del Estado a cambio de garantizar las pensiones y otros gastos prioritarios.

* José Manuel Cansino es catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile