La Covid-19 obliga a suspender el macrojuicio de Poniente

El covid-19 ha obligado de nuevo a suspender la reanudación este martes del macrojuicio de ‘Poniente’ por una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) entre los años 2002 y 2009 después de que siete de los acusados y dos de los abogados hayan comunicado al tribunal que son positivos en coronavirus.

A estas ausencias, entre ellas la del ex interventor municipal José Alemán, cuyo interrogatorio estaba señalado para esta sesión a celebrar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce junto a la del exalcalde Juan Enciso, hay que sumar otras cinco incomparecencias por causas diversas como la imposibilidad de viajar desde Madrid de uno de los letrados debido a las consecuencias de la borrasca ‘Filomena’.

El tribunal, presidido por la magistrada Társila Martínez, quien antes de “pasar lista” en sala ha expresado su deseo a las partes de que el juicio de una macrooperación que explotó en octubre de 2009 con una veintena de detenciones e ingresos pueda “celebrarse por fin en este año”, ha acogido la solicitud de suspensión elevada por el fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado, y a la que no se han opuesto el resto de partes.

Ante el hecho de que la mayoría de las ausencias se han dado “por haber contraído acusados y abogados el virus”, ha acordado modificar el calendario previsto, cuya segunda jornada estaba programada para el viernes, y aplazar la reanudación al 26 de enero, día para el que ha exigido sin excepción “la comparecencia” de “todos los enjuiciados y sus asistencia letradas”.

En concreto, ha habido 14 ausencias, nueve de ellas por covid-19 aunque ni José Alemán ni su esposa, Isabel Carrasco, lo han justificado a día de hoy. Sí lo han hecho otros procesados, son en total siete con diagnóstico de coronavirus confirmado, como el empresario José Antonio Galán. Hay también un abogado con PCR positivo y otro letrado, en cuarentena por contacto estrecho.

Entre los otros motivos argumentados, la incomunicación con la capital de España por los restos de la borrasca ‘Filomena’; una avería de vehículo viviendo de Jérez de la Frontera; la obligación de prestar cuidados a familiares enfermos o, simplemente, la creencia de que “estaba dispensado de asistir”.

Tras un receso de unos diez minutos, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha dado, asimismo, tres días a los ausentes que no han justificado su no presencia para hacerlo y ha emplazado la decisión sobre las dispensas de asistencia a las sesiones de la vista oral al mismo día 26 de enero.

La vista oral se iba a reanudar con el interrogatorio de los acusados después de que el estado de alarma decretado en marzo de 2020 obligase a su suspensión ‘sine die’ tras varias sesiones de cuestiones previas.

Una vez en la desescalada, el tribunal decidió suspender todas las sesiones señaladas para mayo y fijar un nuevo calendario ya que la sala del Palacio de Justicia de Almería en el que se había estado celebrando la vista hasta la declaración del estado de alarma “no reunía las condiciones” de seguridad por el covid-19.

Ante las restricciones obligadas por la pandemia, la Junta ha invertido 44.000 euros en adaptar para celebrar las sesiones el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce.

Han transcurrido casi once años y medio después de que la mayor operación policial y judicial contra la corrupción en Almería explotase con la intervención del Ayuntamiento de El Ejido y la detención de una veintena de políticos y empresarios.

EL FISCAL MODIFICÓ SU ACUSACIÓN TRAS LAS CUESTIONES PREVIAS

Tras el trámite de cuestiones previas, la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y ha acordado rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

El Ministerio Público, que estimó parcialmente “por justificadas” las alegaciones realizadas por las defensas, mantuvo, no obstante, los delitos fiscales que imputa respecto a los ejercicios entre 2006 y 2009 ya que señaló que la prescripción quedaría “interrumpida” por una providencia del juzgado instructor de 2011 por la que las “partes tuvieron suficiente información” como para “pensar que la investigación también iba dirigida contra ellos también por delito fiscal”.

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.

En el caso del empresario sevillano José Amate, que da nombre a uno de los grupos en los que la Fiscalía Anticorrupción divide la presunta trama corrupta, las penas de prisión suman 37 años de cárcel frente a los 97 años a los que se enfrentaba inicialmente mientras que las multas pasan de 65,9 millones a 29,2 millones de euros.

Para José Antonio Galán, empresario madrileño responsable de varias de las mercantiles que subcontrataban de manera supuestamente fraudulenta con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), señalada como eje sobre el que giraba la presunta trama que saqueó las arcas locales de El Ejido, se interesan 94 años de cárcel frente a los 174 solicitados inicialmente y multas por valor de 22 millones de euros frente a los 42 millones de euros recogidos en el escrito provisional de acusación fiscal.

En el caso del empresario Jesús Aragón, la rebaja es notable al pasar de 85 a 21 años de cárcel mientras que la petición de multa queda en 500.000 euros frente a los 43,2 millones de euros a los que se enfrentaba inicialmente, mientras que para el también empresario Ambrosio Cuevas se pasa de 73 a 25 años de cárcel y de 42,5 a 1,5 millones de euros.

Especialmente significativa es la situación en la que ha quedado tras la retirada de la acusación por delitos fiscales la acusada Isabel Carrasco, esposa de José Alemán. Frente a los 85 años de cárcel a los que se enfrentaba provisionalmente, la Fiscalía Anticorrupción le pide ahora nueve años de prisión. No se le pide pena de multa pese a que en el escrito de calificación provisional se solicitaba un montante total de 19 millones de euros.

PRESUNTA TRAMA CORRUPTA

La presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009.

La acusación que el Ministerio Público indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó “orquestando la creación” de una red de sociedades que se dedicaban a “subcontratar” con la empresa mixta Elsur con “una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública”.

La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para “aprovechamiento ilícito” al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con “sobrefacturación”, todo ello, según remarca, “con la connivencia” del exalcalde y del exinterventor municipal.