Los entes instrumentales y 7 consorcios acapararon el 93,6% de los contratos del Gobierno andaluz en 2018

Se movilizaron 2.507 millones de euros en contrataciones ese año, de los que la «Administración paralela» comprometió 2.281 millones, casi el 91%

Imagen de principios de 2018 de un Consejo de Gobierno del Ejecutivo andaluz que dirigió la socialista Susana Díaz y que sufrió algún ajuste en su composición después
Imagen de principios de 2018 de un Consejo de Gobierno del Ejecutivo andaluz que dirigió la socialista Susana Díaz y que sufrió algún ajuste en su composición despuésLA RAZON

La contratación pública puede utilizarse de forma estratégica, aunque aún tiene puntos ciegos por los que se cuela la corrupción y prácticas colusorias. A veces supone la movilización de millones de euros, capaces de dinamizar economías desgastadas. Es el caso de la Administración andaluza. En 2018, el último ejercicio de un Gobierno socialista en la comunidad, el total de los contratos del sector público de la Junta, esto es, las entonces 13 consejerías, más el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consultivo y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, se elevó hasta los 4.343, que supusieron el abono de 226.359.307 euros, de acuerdo a los datos inscritos en el Registro de Contratos regional, que sirvieron de base para elaborar la memoria anual en esa materia.

La antigua Consejería de Fomento y Vivienda anotó el mayor importe, 48.564.508 euros, aunque fue el departamento de Cultura el que desplegó más contratas, 682, según la mencionada información abierta, accesible en la página web del Gobierno andaluz y consultada por LA RAZÓN. De su lado, los 11 entes englobados bajo el rótulo de «agencias administrativas» formalizaron 52.642 por un valor de 1.600 millones de euros. De ellos, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) acaparó 51.796 contratos, por los que hubo que abonar 1.585 millones, el 99% de ese bloque. De hecho, fue el órgano de toda la Administración autonómica que comprometió el mayor gasto en 2018. A lo expuesto hay que añadir tres agencias denominadas de «régimen especial», la Tributaria, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), que impulsaron 468 contratos por 14.183.393. En este caso no fue el SAE el que gestionó la cantidad más alta y por el mayor volumen de fondos, sino la Agapa, con 246 y 9.185.681 euros, el 64,7%.

Por su parte, las 18 entidades agrupadas bajo la clasificación de «agencias públicas empresariales», entre las que constaba la de la Radio y Televisión de Andalucía, varias sanitarias o la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), inmersa en varias causas judiciales por haber actuado como caja pagadora de ERE o avales; tramitaron 7.799, por los que hubo que pagar 463.815.139 euros. En definitiva, los entes instrumentales públicos de la Junta dieron luz verde a 60.909 contratas, que significaron 2.078.434.436 euros. Pero no fueron los únicos que actuaron dentro de lo que la oposición y algunos sindicatos bautizaron como «Administración paralela». Siete sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa de la Junta movieron 1.127 contratos, por 63.045.352 euros. En este caso fue la Agencia Andaluza de Promoción Exterior la más activa, con 433, si bien, la ligada a la Gestión del Turismo y el Deporte desembolsó 34.264.993 euros.

Y hubo más. La decena de sociedades mercantiles de participación mayoritaria indirecta destinaron 123.141.954 euros a 1.008 contratos. En este apartado fue Canal Sur Radio y Televisión, con 447 y 74.168.169 euros, la que encabezó el «ranking». De su lado, otras 13 entidades, ahora fundaciones públicas, contabilizaron 724 y 12.710.822 euros. Fue ahí Progreso y Salud la que armó más contratas, 346, si bien la de Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla fue la que más dinero invirtió en ese ámbito, 3.306.503 euros. Más allá de lo desmenuzado, a siete consorcios de transporte, se enlazan 103 contratos y 4.198.880 euros, con el récord comprometido para el del área de Almería con 33 y 2.525.907.

Toda esa Administración propulsó 68.214 contrataciones en 2018, traducidas en 2.507.890.751 euros. De ellas, las entidades instrumentales públicas y privadas y los siete consorcios empujaron 63.871, por 2.281.531.444, esto es, el 93,6% del total numérico y el 90,9% de los fondos designados para ese fin. De la masa contractual que salió adelante, 61.217 elementos fueron contratos menores, con un coste de 658.758.709 euros. Para entrar en ese rango, con ventajas como el que no haya concursos ni procesos de adjudicación, hay que cumplir dos requisitos: no superar los 40.000 euros, si son para obras, o los 15.000, si se trata de servicios o suministros –una reforma normativa rebajó en marzo de aquel 2018 esos umbrales, antes fijados en 50.000 y 18.000–; y no durar más de un año o ser objeto de prórroga. Por ahora no hay grageas de información pública de 2019 ni de 2020.

En cifras
> 3.153 contratos estaban ligados a obras, por un valor de 328.463.247 euros, y a suministros fueron 51.190 por 1.297.682.320.
>774,31 millones se destinaron a la cobertura de servicios, gracias a 12.870 contratas.