Vacune a un político

Parecía el conserje de la residencia. O el panadero, no sé. Desentonaba en la escena. Era corto de estatura, enjuto y con una calva cobriza por el sol. Llevaba mascarilla y guantes pero iba vestido de faena, no como las personas que entraban y salían del edificio que parecían preservativos humanos. Cada vez que salía una camilla hacia las dos o tres ambulancias que esperaban en la entrada, hablaba al enfermo y le acompañaba por el pequeño pasillo de piedra gris hasta la verja de hierro donde esperábamos algunos periodistas. De vez en cuando se alejaba, se quitaba la máscara, se restregaba la cara y resoplaba mirando a su alrededor. Luego se encendía otro cigarro que se fumaba como si fuera ilegal. Y otra camilla y otra. Era imposible enterarse de nada, con los condones que se llevaban a los mayores no se podía hablar y en el ayuntamiento no cogían el teléfono. En la consejería de salud tampoco. Hasta sesenta ancianos de la residencia de Alcalá del Valle, Cádiz, se contagiaron de COVID19 en la primera ola. Doce de ellos fallecieron. Ese día había llovido y el pueblo estaba en ese silencio frío del campo que despeja la nariz aunque más siniestro. Lo único que lo rompió fue la música intermitente de un balcón frente a la puerta de la residencia: Resistiré y unos pasodobles. Cuando una de las ambulancias partía camino del hospital, de una ventana saltó un grito, ¡os queremos! El alcalde está allí mismo, en la residencia, contestó la voz de una mujer cuando por fin cogieron el teléfono en el ayuntamiento. Aquel hombre que fumaba, resoplaba y acompañaba a los enfermos era Rafael, el alcalde de ese pueblo agazapado en una grieta de la sierra, rodeado de almenas de granito que no habían detenido la llegada del enemigo invisible. Los residentes volvieron, algunos se quedaron por el camino. A esa residencia ya han llegado las vacunas. Que yo sepa, Rafael no es de los que se ha puesto una dosis. Ponerse una dosis que no corresponde es sencillamente robársela al que sí le toca. Pero seguramente hay otros alcaldes como Rafael que en algún momento, si nos atenemos a su trabajo, la deberían recibir. Por eso, visto lo visto, mejor que el gobierno ordene la vacunación inmediata y prioritaria de toda la clase política, desde el presidente hasta el último alcalde del concejo más perdido. Las ventajas son innumerables. Se evitan desgraciados malentendidos, bochornosas explicaciones y deshonrosas dimisiones. Consecuentemente se desactivan las acusaciones partidistas y la polarización en que degeneran. También se elimina el vector de contagio que supone el buen político que, incluso en pandemia, mantiene la agenda y la cercanía con sus gobernados. Y por último se permite precisamente trabajar a todos ellos con seguridad y sin miedo al contagio. Así no habría ministros obligados, seguro que muy a su pesar, a mantener agendas escuálidas. O al menos que se use para este fin la sexta dosis de Pfizer, el sexto del ejecutivo al modo eclesial. Y de paso, para que la campaña sea rápida y efectiva, el gobierno podría reclutar personal civil voluntario para poner el pinchazo. Ayude a España, vacune a un político.