El presidente de Almería Acoge, Juan Miralles, indicó que la «única forma de darle la vuelta» a la «vergonzante» realidad de los asentamientos es con «implicación y esfuerzo» de «todos los implicados», desde los trabajadores migrantes a empresarios, ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno central y «por supuesto la UE, que debe cambiar las políticas migratorias e intervenir aportando recursos». «No es solo una emergencia porque cuando este problema dura ya más de 20 años es una urgencia social que exige cambiar dinámicas y políticas para hacerle frente y encontrar alternativas reales que eliminen los asentamientos», dijo a Europa Press a raíz de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya admitido recientemente la denuncia que planteó junto a la Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) e IU en Andalucía, por «vulneración de derechos humanos en los asentamientos de temporeros» en las provincias de Huelva y Almería.

Miralles trasladó que el Parlamento Europeo debe «tomar conciencia» de que, «si bien las actuaciones de gestión son locales», las políticas migratorias «por las que muchas veces estamos atados, son de la UE» y remarcó la necesidad de «cambiar esas políticas para acercarlas más a la realidad».

«Al final el ultimo eslabón de la gestión de las migraciones, de la dificultad de acceso a la documentación, de desrregulacion actual es que terminen existiendo asentamientos vergonzantes como los que estamos padeciendo desde hace mucho tiempo», remarcó.

En esta línea, consideró que la actuación del Parlamento Europeo es una «forma de que haya un revulsivo político que se sume al social que ya hay» y confió en que genere «implicación de todos los que nos gobiernan, en todas las instancias».

De otro lado, el Ayuntamiento de Lepe (Huelva) aprobó por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE y Cs) el Plan Integral para la Erradicación del Chabolismo. La iniciativa incluye el ofrecimiento de suelo municipal para la construcción de un complejo de alojamiento temporal con capacidad para 500 personas y una inversión inicial de entre 600.000 y un millón de euros.

Ahora, este plan, que fue presentado al sector agrícola el pasado mes de febrero y al Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (Edati) y a otros grupos del Instituto Armado el pasado jueves, será también presentado a todas las administraciones, así como al Defensor del Pueblo Andaluz. La iniciativa propone soluciones habitacionales para combatir el chabolismo y alternativas para evitar la creación de nuevos asentamientos.