Juanma Moreno espera alcanzar un acuerdo con Boliden «en menos de un año»

Se cerró la balsa que provocó uno de los mayores desastres naturales de Europa pero no las heridas. La Junta de Andalucía negocia desde hace años un acuerdo con la empresa Boliden para el pago de la limpieza de la zona afectada por la rotura en abril de 1998 de una balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar que contaminó el entorno de Doñana, y espera tenerlo cerrado «en menos de un año», según señaló el presidente andaluz Juanma Moreno. La cuantía asciende a 89 millones de euros, que se elevarían a más de 132 millones sumando los casi 44 de sanción impuesta por el Gobierno central. La Junta ha ordenado a sus servicios jurídicos que comuniquen al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla que ambas partes persiguen una solución extrajudicial de la controversia. La recuperación de los fondos para la restauración de las más de 4.630 hectáreas contaminadas con lodos tóxicos y aguas ácidas sigue estancada. El primer juicio lleva cinco años en suspenso por la negociación y el del concurso de acreedores sigue el mismo patrón con la liquidación de la empresa pendiente en el Mercantil desde 2016, a la espera del primer pleito.

«No tenemos ahora mismo ninguna fecha límite. Estamos emplazados, lo razonable, lo sensato, sería que fuera lo antes posible. A nosotros nos gustaría que en menos de un año se llegara a un acuerdo. No podemos estar permanentemente negociando», señaló Moreno en Atarfe (Granada). El presidente andaluz señaló que prosiguen las negociaciones que inició el anterior Ejecutivo socialista en base a la recomendación de los poderes judiciales de alcanzar un «acuerdo amistoso». «El problema es que una de las partes de la administración, el Estado, considera que no tiene que llegar a un acuerdo puesto que ha habido sentencia», expuso Moreno. El «objetivo fundamental», recordó, es recuperar toda la zona degradada. Las negociaciones secretas con Boliden, según adelantó El País, comenzaron en 2016. La multinacional lleva 23 años evitando el pago por la limpieza de los vertidos tóxicos a través de «maniobras».

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, señaló que respeta que la Junta de Andalucía impulse una solución extrajudicial con Boliden sobre los costes por el desastre de Aznalcóllar pero recalcó que el Estado no renunciará a lo que ya tiene reconocido por sentencia, según recogió Efe.

«El Estado respeta que Boliden hable con la Junta de lo que le parezca con respecto a la recuperación de costes en los que incurrió la comunidad autónoma, pero esto no significa que el Estado vaya a renunciar a absolutamente nada de lo que ya tiene reconocido por sentencia de lo que Boliden le debe al Estado», dijo la ministra en declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde visitó a Juan Espadas.

La multinacional sueca Boliden reclama negociar al mismo tiempo con la Junta y el Gobierno, lo que rechaza el Ministerio porque ya se impuso una multa de 43 millones a la empresa que fue confirmada por el Tribunal Supremo y que la multinacional no pagó porque declaró en quiebra a su filial española. «Es muy importante identificar lo que han dicho los tribunales y tener claro cuáles son las responsabilidades de esta empresa», recalcó Ribera. La ministra insistió en que los tribunales «tienen reconocida una deuda en contra de Boliden que debe resarcir por los gastos en los que han incurrido las administraciones por la limpieza y restauración de la zona» tras aquel «gran desastre». «Es posible que la empresa tenga intención de diluir esa responsabilidad repartiendo aquello que ya tiene considerado como algo que ha de aportar en lo que debe a las dos administraciones», añadió. Ribera apuntó también que «como suele ocurrir en medio ambiente, más vale invertir en prevención que no tener que sufragar los costes de restauración, que son enormemente perversos desde el punto de vista ecológico pero también ambientales».

Casi cinco lustros de conflicto medioambiental

La rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) supuso un desastre medioambiental de escala mundial, poniendo en riesgo incluso a Doñana. En 1998, el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos supusieron también el quebranto económico de la comarca. Desde el 21 de julio de 2016 la Junta negocia con la multinacional sueca Boliden para el pago de los 89 millones de los trabajos de limpieza. Aparte, la empresa, cuya filial se declaró en bancarrota, debe al Estado, según sentencia judicial, casi 44 millones. El proceso está en suspenso en tanto se busca un acuerdo. Cada dos meses, Presidencia avisa a través de los servicios jurídicos al juzgado de que se sigue intentando la solución extrajudicial. La empresa quiere una solución conjunta con la Administración central y autonómica, a lo que el Estado no accede. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apela a la multa que el Supremo dijo en 2005 que era legal. Boliden declaró en quiebra su filial española y se fue del país. Según la información de El País citando a un ex alto cargo socialista de la Junta, la multinacional ofrece un pago conjunto de un millón de euros.