Reforma fiscal ancha pero superficial

Para 2021 los impuestos sobre los que la comunidad autónoma andaluza tiene competencias normativas prevén recaudar casi 9.300 millones de euros (M€). Es lo que resulta de sumar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el de patrimonio, el tramo autonómico del IRPF (que es el verdaderamente grande), el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre el juego, el impuesto especial sobre los hidrocarburos y los grandilocuentes pero pobres en recaudación impuestos ecológicos (apenas 6 millones y medio de euros). Así las cosas, una rebaja fiscal de 329 M€ como la anunciada equivale a reducir en un 3,54% los impuestos sobre los que la Junta de Andalucía tiene capacidad decisoria si el Parlamento lo respalda. Eso es todo, amigos.

No obstante, como hoy día la narrativa de una decisión política es casi tan importante o más como la propia medida, es mucho más atractivo decir que la reforma fiscal va a beneficiar a unos 4 millones de andaluces (el 47,1 % del total) que decir que va a suponer una bajada del 3,54% de lo que se venía pagando.

En definitiva la bajada de impuestos es fundamentalmente «ancha» por el volumen de contribuyentes al que beneficia que «profunda» por la magnitud de su bajada. Probablemente poco más se podría hacer habida cuenta de que acceder a los fondos de recuperación de la Unión Europea exige, no sólo Andalucía sino al conjunto de España, un plan económico orientado a la reactivación y avant la lêttre a la consolidación fiscal (equilibrio presupuestario) cuando se pueda.

La avanzada rebaja de impuestos da pie a algunas otras reflexiones oportunas. La primera que se me ocurre es que cualquier reforma tributaria que labore en el sentido de reducir los impuestos sobre los que se tiene capacidad normativa requerirá recurrir más al denominado fondo de garantía del sistema de financiación autonómico. No es buena práctica ésta salvo que se haya logrado reducir el gasto –al menos el administrativo– como se prometió. No ha sido así. Baste para probarlo algunos datos relacionados con el personal empleado y con el número de entes públicos autonómicos. En enero de 2019 –recién estrenado el nuevo gobierno–, las personas que trabajaban para la administración autonómica andaluza eran 241.775; en julio de 2020 (último dato disponible), 275.024. La fuente es el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cuesta trabajo pensar que las 33.249 personas empleadas de más fueron sanitarios o personal auxiliar contratado a los cuatro meses de haberse decretado el primer estado de alarma.

Si el volumen de personas empleado por la administración pública andaluza ha aumentado en estos años sin que naturalmente el gasto de personal se redujese, la radiografía del prometido adelgazamiento de la administración autonómica no parece mostrar mejor aspecto. Entre enero de 2019 y 2021 tan sólo 27 entes se han caído del listado que publica la propia Junta de Andalucía. Esto no alcanza ni al 1% del extenso listado que incluye la administración general de la Junta de Andalucía, a los organismos administrativos, comerciales y autónomos, a las entidades públicas empresariales, a los entes públicos, agencias, consorcios, fundaciones, otras instituciones sin fines de lucro, sociedades mercantiles y a las universidades.

Volviendo a la reforma fiscal que nos ocupa, un planteamiento más ambicioso hubiese dibujado escenarios a los que no hay por qué renunciar. Particularmente hay uno que he expuesto varias ocasiones en esta misma página y en otros foros. Está relacionado con el apoyo a la vida rural; a la España y a la Andalucía interior si se prefiere. Se trata de reducir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales hasta el 0,01% cuando se trate de adquirir la vivienda habitual por familias jóvenes en municipios rurales. Varias regiones en España lo tienen en vigor desde hace años.

A esa medida habría que añadir otra que, aunque más compleja, está sobradamente al alcance de la administración regional. Se trata de reformar la Orden de 18 de julio de 2016 que establece los coeficientes a aplicar para calcular el valor de transmisión de los inmuebles urbanos. Esta orden, firmada por cierto por la actual Ministra de Hacienda, determina los coeficientes a aplicar en todos los municipios andaluces a los valores catastrales de las viviendas y, a partir de ahí, lo que se acabará pagando a la hacienda. Estaría bien acometer una reforma fiscal en esta línea. Además de ancha, podría ser profunda y de serlo, echaría un buen cable a las familias jóvenes y a nuestros pueblos.