La estrechez agraria: grave problema

Sabido es que el olvido nos ayuda a supervivir borrando instintivamente los recuerdos desagradables. Después de un año de pandemia, el olvido nos bloquea el recuerdo del miedo al desabastecimiento, a la falta de equipos de protección sanitarios, a muchos de los temores que hoy parecen resueltos definitivamente. De alguna forma seguimos delegando en «otros», en los «servidores públicos», la toma de medidas para que ninguno de estos riesgos –el desabastecimiento alimenticio o de material sanitario– vuelva a repetirse. A cambio les permitimos el teatrillo cotidiano de las pugnas políticas y la obsesión por repartir condenas, indultos y premios a las ideas de cada cual. En definitiva, los «servidores públicos» viven de un contrato social en el que los ciudadanos les piden que dediquen una parte de su tiempo a resolver los problemas y en el tiempo restante se les tolera que gasten los recursos públicos para financiar sus batallas internas y externas.

La pandemia nos ha hecho ver en la pantalla del teléfono móvil que hay prioridades que creíamos estructuralmente resueltas pero no que lo están. Aunque el olvido quiera borrarnos los miedos, en la parte que deben dejar resuelta los servidores públicos para que luego se les permita todo lo demás, está la seguridad del abastecimiento alimenticio y sanitario. No es una reivindicación de las políticas nacionalistas, es una mera exigencia de garantizar una parte central de las necesidades básicas.

La Política Agrícola Común (PAC) ha permitido que Europa respondiera de manera muy diferente al abastecimiento alimenticio y al sanitario; los supermercados nunca se vaciaron pero ni hubo mascarillas ni equipos de protección para los profesionales de la salud durante meses. El sentido común más elemental nos diría que hay que tomar nota del primer mecanismo y resolver el problema sanitario, entre otros. Pues no es así.

La pandemia se ha superpuesto al periodo de reforma en el que se encontraba la PAC. Los retrasos en la reforma han obligado a tomar medidas para fijar los pagos a los agricultores para la temporada 2021-2022 y así se ha hecho en España con el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero. La norma modifica, principalmente, medidas nacionales en vigor desde 2014 a la espera de que la Unión Europea (UE) cierre la reforma de la PAC y le ponga números extraídos del marco financiero que estará vigente entre este mismo año y 2027.

Las organizaciones agrarias han protestado contra este Real Decreto pero, en mi opinión, desde un planteamiento estrecho. Entre 2013 –fecha en la que se establecieron en la UE los criterios de reparto de las ayudas a los agricultores– y 2021 hay dos hechos centrales que obligan a cambiar ampliamente el ángulo desde el que abordar la PAC. El primero es la salida del Reino Unido de la UE, tradicional opositor a la cuantía de estos fondos. El segundo y más importante, la puesta de manifiesto del acierto que supuso proteger al sector agrícola europeo gracias a lo cual hemos alcanzado una seguridad en el abastecimiento impensable ni en el sector sanitario, ni en la industria de los semiconductores que ahora ahoga al sector del automóvil, ni en tantos otros sectores económicos que desplazaron su cadena de valor a otros países.

Si el sector agrario no logra poner en valor ante la UE la importancia de haber mostrado su capacidad para atender las necesidades de 500 millones de personas y mantener aún su capacidad exportadora, entonces estará perdiendo una oportunidad probablemente irrepetible. Una oportunidad perdida que habrá que añadir a no haber logrado acoplar el futuro del sector a la lucha contra el deterioro climático, algo verdaderamente inexplicable.

La sociedad soporta pagar a «servidores públicos» para que anden poniendo cordones sanitarios, repartiendo carnés de buenos y malos ciudadanos, aplicándose a batallas internas o externas pero siempre que se dejen resueltas las cuestiones básicas. Entre esas cuestiones básicas está el sector agrario; un sector sin el que no es posible abastecer los supermercados, cuidar la naturaleza o frenar el vaciamiento interior. Si no se tiene esa amplitud de miras en quienes han de regularlo y en quienes han de defenderlo, mal asunto.

Para España, esta es una cuestión central. Para los consumidores de todo el mundo, también. Mientras que Europa sigue moviéndose a la velocidad de un elefante y en España se riega diariamente la planta del odio con dinero público, hay países que logran atender sus asuntos con velocidades y éxitos muy superiores.