Los agujeros en la protección infantil frente a abusos sexuales

La primera vez que acudió a las Urgencias de un hospital con su hija al observar un enrojecimiento en los genitales, María (nombre ficticio) pensó que podía deberse a una infección. Entonces, la niña tenía cinco años. Dos semanas después, coincidiendo con la visita de fin de semana en casa de su padre, detectó flujo en su ropa interior, según relata a LA RAZÓN. El parte médico señala una «leve hiteremia vulvar», hinchazón de la zona genital. Las consultas médicas comenzaron en noviembre y no fue hasta el 1 de febrero cuando la madre presentó la primera denuncia en los juzgados de Sevilla por presuntos abusos sexuales cometidos sobre la pequeña por parte del padre y su actual pareja. El 9 de febrero presentó una segunda denuncia, que al día siguiente amplió con la grabación del testimonio de la menor. Según la denunciante, la niña contó a su abuela cómo supuestamente su padre le había tocado «sus partes», explica la madre, que le pidió que la grabara, porque reconoce que a ella no le había hablado de ello nunca.

Han pasado tres meses desde entonces sin que expertos hayan valorado a la niña, denegando cualquier tipo de orden de protección provisional de la menor, «sin tan siquiera haber valorado otras pruebas aportadas la procedimiento», según detalla la abogada de la denunciante. La nueva estatal Ley de Infancia, que ya ha superado el trámite parlamentario en el Congreso, refuerza el «derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, escuchados y tenidos en cuenta en contextos de violencia contra ellos». Esa es la principal angustia de la madre: «¿Por qué nadie ha escuchado todavía a mi hija?».

El juzgado que ahora instruye el caso no decretó medidas cautelares de protección, como tampoco lo hizo en su día el juzgado de guardia al que fue repartida la primera denuncia, ni el juzgado de familia donde la parte contraria ha presentado una demanda de modificación de medidas de guarda y custodia, detalla la letrada, al no considerarlo necesario pese a haber activado el protocolo por supuesta violencia sexual sobre un menor. Durante el año 2019 el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (SIMIA) registró 3.679 notificaciones, lo que supone un incremento del 10,6%. Son estadísticas referidas a avisos que proceden de profesionales que trabajan con niñas y niños: el 6,2% de las notificaciones fueron de abuso sexual. En este ámbito, un 73,2% afectaban a chicas y el 28,5% de ellas tenían cinco años o menos.

La madre tiene la custodia por sentencia judicial desde septiembre del año pasado. Desde febrero la niña no ha vuelto a encontrarse con su padre. La familia dice sentirse indefensa: si sigue el régimen de visitas, el equipo de valoración psicosocial se retira del caso, según corroboran tanto la abogada como fuentes expertas consultadas por LA RAZÓN. El protocolo para el tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, vigente desde 2015, establece que una vez presentada la denuncia, las víctimas no podrán tener contacto con sus supuestos agresores hasta que sean valorados por expertos para «evitar al supuesto agresor o a terceras personas, la posibilidad de contacto que permita el hostigamiento, intimidación, coacción o agresión sobre la víctima». Y señala que «no se procederá a derivar el caso hasta que no se compruebe que se cumple este requisito que supone un contexto de seguridad» para los menores.

María no ha dejado de llamar a todas las puertas para intentar que al menos escuchen a su hija. No puede evitar llorar al hablar de la posibilidad de perder la custodia de su hija, como consecuencia de la demanda de modificación de guarda y custodia de su expareja -presentada el 26 de marzo- ante el juzgado de Familia que dictó la sentencia de las medidas anteriores. Para detener esa posible alteración de la guarda y custodia, su abogada solicitó que se contemplara la circunstancia de «prejudicialidad», por existir dos procedimientos judiciales, uno civil y otro penal, que pueden solaparse, en cuyo caso prevalecería el penal y repercutiría en favor de los intereses de la menor mientras se resuelve el caso penal. A la espera de la decisión del tribunal, la Fiscalía se pronunció en contra, considerando que el procedimiento debe seguir su cauce legalmente establecido. El juzgado que investiga los presuntos abusos sexuales no les ha trasladado notificación desde el 19 de marzo, explica la letrada, fecha anterior a que la asociación Adima –a quien corresponde la valoración de estos casos en Sevilla– comunicara telefónicamente a la madre que no existían indicios suficientes para valorar a su hija. LA RAZÓN se puso en contacto con la asociación para confirmarlo, pero declinaron hacer declaraciones al respecto. Ante esta situación, el 14 de mayo la madre volvió a solicitar atención en Urgencias hospitalarias y pidió la presencia de una médico forense judicial en la exploración. El informe médico detalla que la niña relata que «su padre le tocaba en sus partes» y «le pega en la barriga con la mano», por lo que emitió un parte al juzgado de guardia.

La campaña institucional de la Junta para la prevención de abusos sexuales contra niños «Secretos que duelen» señala como «poco frecuente que se puedan observar signos físicos, pero si vemos lesiones en las zonas anales y vaginales hay que consultar con un pediatra». Ante la habitual dificultad para verbalizar lo ocurrido, recoge que «aunque muchos de los niños y niñas no se lo cuentan a nadie, a veces lo expresan con cambios de comportamiento» como trastornos del sueño, de la alimentación o miedos. Tanto la letrada como la madre de la pequeña coinciden en lo incomprensible de un procedimiento en el que no se ha escuchado a la víctima e insisten en que no se trata de establecer una culpabilidad sin pruebas, pero reclaman que su testimonio sea tenido en cuenta y analizado por expertos para determinar si los abusos sexuales se han producido.

El abuso sexual infantil en el entorno familiar

En su informe «La justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar» (2012) Save the Children analizó cuatro casos en los que los tribunales no estimaron las denuncias de centros médicos y madres por agresiones sexuales a niños de edades muy tempranas, entre 16 meses y cuatro años. En todos los casos las denuncias fueron sobreseídas inicialmente sin escuchar a las víctimas.