Faffe: el «manual de la corrupción socialista» en Andalucía

Dinero público gastado en prostíbulos, una «larga red clientelar de enchufados socialistas», «amaño de contratos» con empresas amigas que se pagaban con subvenciones para tener personal externo y evitar el límite de asesores, pago de precios «desorbitados» por alquileres de sedes o una gestión «fraudulenta» de consorcios. Son algunas de las prácticas habituales en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y que componen, a juicio del PP, el «manual de la corrupción socialista». Los grupos parlamentarios que integran la comisión de investigación sobre las irregularidades en el organismo presentaron sus conclusiones, con responsabilidades políticas dispares.

Tanto el PP como Ciudadanos y Vox las identifican al más alto nivel, es decir, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la ex consejera de Hacienda y actual ministra, María Jesús Montero, conocieron o permitieron las irregularidades. PP y Vox también señalan a la ex presidenta Susana Díaz, extremo que no comparte Cs porque, entonces, el partido naranja apoyaba al PSOE en la Junta. Unidad Podemos, por su parte, apunta solo al ex presidente Chaves y a los ex consejeros de Empleo y el PSOE centra la responsabilidad en el ex director de la Faffe, Fernando Villén, al que la justicia acusa de haber gastado 32.000 euros de dinero público en clubes de alterne, ferias, viajes y joyería.

Para los populares, en la Faffe se produjo «corrupción de alto voltaje», una situación que fue «impulsada, tolerada y protegida» por los gobiernos socialistas de la Junta. Además, sus presidentes «eran conocedores de todo lo que ocurrió, fueron absolutamente pasivos en la persecución de esta corrupción y, por tanto, fueron cómplices», explicó la diputada del PP y portavoz en la comisión de investigación, Ana Vanessa García.

La ministra Montero, que entienden que no compareció ante la comisión «como una manera de protegerse» en su condición de miembro del Gobierno central, es responsable para el PP de no investigar e intentar recuperar los expedientes de reintegro sobre subvenciones que no se justificaron bien, que cifran en 115 millones. A juicio de Ciudadanos, Chaves fue el encargado de «diseñar la trama» de la fundación, siendo Griñán el que después continuó con este modelo cuando ocupó San Telmo.

El partido naranja Ciudadanos no cuantifica las subvenciones sin justificar, ya que considera que deberán ser los órganos judiciales los que determinen la cantidad, y exculpa a la ex presidenta Díaz porque cuando ella llegó a la Presidencia de la Junta la Faffe ya estaba integrada en el SAE y además «colaboró» con la comisión compareciendo.

Vox señala en su informe que la comisión ha estado protagonizada «por las continuas ausencias» de los citados, por lo que su funcionamiento ha sido en muchas ocasiones «ineficaz o inexistente». También critica que el compromiso y sinceridad de los citados «ha dejado que desear» y por ello muchas de las posibles irregularidades «no se han podido investigar en la medida de lo deseado».

En este sentido, el partido de Abascal pide una auditoría que refleje la estructura de la Faffe de manera evolutiva desde su comienzo hasta su disolución y que se impulse un estudio que evalúe «todos y cada uno de los contratos laborales que se llevaron a cabo».

Por su parte, el PSOE denunció que la comisión ha sido un «paripé y una manipulación», ya que «ha formado parte de una estrategia electoral con intenciones espurias». La diputada socialista Soledad Pérez se refirió a la gestión realizada por Villén y al dinero público gastado en prostíbulos. «Si la justicia confirma esos hechos, esta persona tiene también toda la responsabilidad política. De ser ciertos, son bochornosos, pero es un acto individual y no colectivo. Quien hizo un mal uso de una tarjeta con dinero público tiene todo el reproche moral del PSOE, es repugnante», aseguró, no sin antes señalar que un acto individual «no debe repercutir en todos los gobiernos socialistas».