Los investigados se acogen a su derecho a no declarar y la mujer de Espadas pide personarse en la causa

La Unidad Central Operativa prosigue con la toma de declaración, que arrancó este martes, a 84 personas investigadas por ser presuntamente enchufadas en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), tras el requerimiento del juez de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana. Muchos de los encausados son familiares y amigos de ex cargos del PSOE de Andalucía. Entre ellos, Carmen Ibanco, esposa del ahora secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien también se acogió a su derecho a no declarar, como la mayor parte de los citados, y pretende personarse en la causa como acusación. La Faffe es conocida por ser la fundación en la que supuestamente su ex director general Manuel Villén gastó fondos con la tarjeta de la entidad en fiestas y prostíbulos.

Ibanco, que ya declaró en la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y aseguró que fue contratada por un anuncio aunque también admitió que no conocía el sistema operativo utilizado en la fundación, registró en el juzgado un escrito para personarse en la causa, alegando que forma parte de su derecho a la defensa, según adelantó El Confidencial. Ibanco, que fue técnico de empleo con un salario de 1.800 euros brutos al mes, solicita copia de todas las actuaciones. Ibanco mostró su total colaboración a colaborar con la justicia y habría alegado que no declaraba al desconocer los detalles de la causa y ser ajena a cualquier irregularidad.

Las nuevas citaciones de los presuntos enchufados en la Faffe llegan después de que Vox también se personara en la causa y solicitara nuevas diligencias. El juzgado también demandó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte las bases reguladoras existentes para la ocupación de los puestos de trabajo relativos a puestos de Dirección de la Faffe y de Técnicos de Nivel E de dicha entidad.

Los 84 personas citados forman parte del listado que el Sindicato Andaluz de Funcionarios presentó en su denuncia en 2018.

De su lado, el grupo parlamentario Vox en Andalucía valoró la declaración “ante la Policía judicial en calidad de investigada” de Carmen Ibanco y destacó que “si el asunto sigue adelante es gracias a la independencia judicial”, y “desde luego no es por la colaboración del Gobierno de (Juanma) Moreno Bonilla con este asunto”.