Las multas de más de 20.000 euros no frenan las casas ilegales en El Palmar

Son las nueve de la mañana y en esa encrucijada de caminos que es la gasolinera de El Palmar, privilegiada franja costera de Vejer de la Frontera, se encuentra estacionado un tráiler con una carga muy «especial»: dos viviendas de madera. La estampa, que podría ser normal si no fuese porque nos encontramos en una de las zonas de la provincia de Cádiz más castigada por la construcción ilegal, llama poderosamente la atención.

Más aún cuando desde que se produjese la aprobación de la Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio), la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha intensificado su labor de inspección de la mano del Ayuntamiento.

Pasados unos minutos, el conductor reinicia la marcha y sigue a un coche particular por los caminos de El Palmar hasta una parcela, en la que descarga ambas viviendas. «Aunque pueda parecer algo puntual, visto el riesgo que saben los propietarios que conlleva, desgraciadamente esta imagen sigue repitiéndose semana tras semana en El Palmar», denuncia el delegado municipal de Urbanismo y diputado popular, José Ortiz Galván.

«Prácticamente todos los días –asegura– ciudadanos y los propios agentes de la Policía Local me envían fotos de este tipo de vehículos con casas de madera que, sin cautela alguna, son instaladas en parcelas de El Palmar». Un hecho que «nos genera cierta impotencia, toda vez que se está ejerciendo una fuerte acción de inspección por parte de las administraciones y cuerpos competentes y que, además, se está procediendo a imponer sanciones económicas que superan los 20.000 euros a la semana si no se atienden los requerimientos». «Sin ir más lejos, en las últimas semanas se han producido entre 40 ó 50 precintos de viviendas ilegales», señala.

Respecto a las nuevas medidas adoptadas, reconoce que «es cierto que, antes de firmar el convenio de colaboración con la Consejería de Fomento para intensificar la vigilancia y acelerar la tramitación –algo que también hicieron los ayuntamientos vecinos de Conil de la Frontera y Barbate–, tardábamos algo más en actuar por la falta de recursos. Pero, desde entonces, procedemos con mayor celeridad», insiste, aunque «parece no importar a los autores de estas ilegalidades». Así, a la vista del escaso poder de persuasión que parecen estar teniendo estas acciones y sanciones entre algunos propietarios, Ortiz cree que «deberemos tomar otras medidas para que, de una vez por todas, el fenómeno de las viviendas ilegales se acabe de forma definitiva». Reflexión que, asegura, «ya se está haciendo desde la Junta de Andalucía y, además, me consta que se están estudiando medidas más contundentes».

En relación a posibles demoliciones, apunta que, «de momento no hay, pero yo atiendo todos los días a personas a las que les llegan notificaciones del juzgado, relativas a expedientes que están en marcha». «Como es sabido –subraya– no se trata de un problema puntual y localizado en Vejer. Es algo que desde hace mucho tiempo viene afectando a numerosos municipios de la provincia y, de forma muy especial, a los de la costa, como ocurre en las localidades vecinas de Conil y Barbate».

Para buscar una explicación a la arriesgada apuesta de los propietarios infractores, hay que remitirse a los beneficios que sacan o planean sacar del alquiler turístico de estas viviendas y que, según apunta Ortiz, «dejan claro que les sale a cuenta».

«La mayoría de estas personas no son de Vejer, son de fuera», aclara. «A mí me han hecho los cálculos de la siguiente forma: la multa’, me dicen, ‘nos trastoca, pero viviendas que no hayan llegado a la Junta se derribarán o no dentro de diez años’». Ortiz relata que propietarios le han confesado que cogen «cada año entre 15.000 y 18.000 euros por alquileres» y «una vivienda prefabricada les cuesta entre 20.000 y 30.000 euros». «Por tanto –le cuentan– lo tenemos todo amortizado. Además, aunque a lo largo del tiempo tengamos que levantar la casa, el terreno no nos lo pueden quitar». Además, «al tratarse de viviendas prefabricadas, llegado el caso, pueden levantarlas, trasladarlas a otro lado o venderlas».

Al problema de la ilegalidad de estas viviendas, en su mayoría, para alquilar, José Ortiz añade otro agravante: «Estamos ante viviendas que no están conectadas al agua potable en su condición de ilegales y que, por tanto, dependen de pozos que, en estos momentos, están secos por la actual situación de sequía». Un problema que «va a ser muy acusado este verano si no llueve de forma considerable».

Por último, en torno a los efectos en El Palmar del proceso de regularización de viviendas propiciado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio –recurrida esta semana ante el Tribunal Constitucional–, José Ortiz expone que «desde el Ayuntamiento estamos tramitando muchos AFOs (acta de fin de obra), avanzando conforme a los requisitos que establece la ley para impulsar dicha regularización y, además, estamos contando con la colaboración de los vecinos». Cree que «una vez culminados» esos procesos, van a «reportar tranquilidad jurídica a los propietarios y, no menos importante, a la propia Administración».