La víctima de Estepona (Málaga) busca no revivir el caso con el pacto con los policías agresores

Evitar “un duro y extenuante” proceso judicial que podría alargarse años es uno de los motivos del pacto acordado por la joven de Estepona con los dos policías locales acusados de abusar sexualmente de ella, que les ha librado de la cárcel y que el tribunal tuvo que aceptar obligatoriamente.

En el espíritu del pacto que ha librado de la cárcel a los dos policías locales acusados de abusar de una chica en Estepona en 2018 está evitar la “revictimización” de la joven al tener que revivir el abuso y que la sometan a un juicio mediático paralelo, han asegurado a Efe fuentes del entorno de la víctima este jueves.

El motivo principal por el que la acusación particular que ejerce la agredida ha decidido alcanzar un acuerdo es “huir de un circo mediático”, evitar lo que ocurrió hace unos años con el caso de La Manada y que se terminase por cuestionar a la joven, según las mismas fuentes.

Lo sucedido no lo repara, pero “tampoco una condena de 30 años de cárcel y los rigores de un juicio o el interés mediático” que generaría un proceso con dos agentes sentados en el banquillo de los acusados, por lo que creen que “esta era la mejor condena para la víctima, aunque a la sociedad no le guste”, han señalado.

El pacto al que se ha llegado, que, según las fuentes, algunos han malinterpretado, “busca lo mejor” para ella y evitar que tenga que pasar por “un duro y extenuante” proceso judicial que podría alargarse durante años.

El acuerdo en cuestión no se limita a cambiar el ingreso en prisión de los dos policías por la realización de un curso de reeducación sexual, insisten las fuentes, que lamentan “la interpretación tan simplista” que se está realizando del asunto. Los dos policías han sido condenados por la Audiencia de Málaga a dos años de prisión, que han evitado tras un acuerdo en el que tendrán que indemnizar a la víctima en 80.000 euros y asistir a un programa de reeducación sexual.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha explicado que el tribunal estaba obligado a aceptar el acuerdo alcanzado por las acusaciones y las defensas. Del Río ha señalado que el proceso penal se basa en el principio acusatorio, “y eso significa que el juez no puede condenar por más de lo que le pidan las partes”. Es algo que “los jueces tienen que aceptar”, ha explicado Del Río, quien ha incidido en que “un juez no puede condenar si no hay alguien que lo pida, igual que no se puede poner en prisión si el fiscal u otra parte no piden la prisión”.

Por su parte el presidente de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga advirtió en la sentencia que ha permitido evitar la cárcel a dos policías que “no cabe descartar” en los condenados “un pronóstico de peligrosidad criminal en relación con delitos contra la libertad sexual”.

El magistrado Pedro Molero expresó su voto particular discrepante con la decisión adoptada por la mayoría de los componentes del tribunal en la sentencia. Sostiene que por sus compañeros de sala “se opera con cierto automatismo” en la concesión del beneficio “al aludir simplemente a la concurrencia de los requisitos legales para ello”, aunque en la sentencia “no se contiene dato alguno que permita realizar un pronóstico de escasa probabilidad de que ninguno de los penados vuelva a cometer hechos de similar naturaleza en el futuro”, advierte.

Añade que el hecho de que todas las partes estén de acuerdo en la suspensión de condena, “no releva al tribunal sentenciador de aplicar su criterio en la materia incluso con independencia de la voluntad de la víctima expresada por su letrada”.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Estepona ha expulsado definitivamente de la Policía Local a uno de los agentes . Aunque el policía de este municipio malagueño, hasta la fecha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo, no entrará en la cárcel merced al acuerdo al que ha llegado con la víctima, tampoco se reincorporará al servicio y quedará relevado de sus funciones como agente de la autoridad local de forma permanente, según han dicho a Efe fuentes del Ayuntamiento.

De los dos agentes, uno era funcionario en el Ayuntamiento de Estepona, condición que ha perdido, y el otro tampoco volverá a trabajar en ese consistorio porque no se le renovó la comisión de servicio a la que estaba acogido una vez que se conocieron los hechos.