Más allá del 7% de ahorro y «sin batallas judiciales»

Más allá del 7% de ahorro energético a través de incentivos y no de sanciones y sin abrir una «batalla judicial» contra el decreto de ahorro de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Juanma Moreno tiene los objetivos marcados en cuanto a eficiencia energética. Para ello, plantea medidas como el teletrabajo y el uso compartido del vehículo para ahorrar energía. Lo urgente es la «compra centralizada de energía» para 5.000 puntos de suministro eléctrico de la administración (en hospitales, centros educativos, instalaciones deportivas, universidades, oficinas y sedes). Esta medida ahorró el pasado año 1,2 millones y evitó 500.000 toneladas de CO2. La Junta también revisará la eficiencia energética de sus edificios y la potencia contratada.

El presidente Moreno señaló que no quiere abrir una «batalla judicial» en el Constitucional –a diferencia de la vía planteada por Madrid– contra el decreto ley de ahorro energético aunque considera «probable» la invasión de competencias autonómicas, por lo que pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «vuelva» al diálogo y lo negocie con las comunidades y los sectores afectados, según señaló a Efe. Moreno confirmó que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán el decreto, para lo que tienen un plazo de tres meses, de unas medidas que considera un «trágala y una imposición» del Gobierno de Pedro Sánchez. «Es absurdo tomar una decisión para el conjunto del país con la diversidad térmica que tenemos, desde la cornisa cantábrica al valle del Guadalquivir hay quince grados de diferencia. El Gobierno tendría que haber dejado a las comunidades adaptar el decreto a nuestra peculiaridades», resumió Moreno, que aboga por la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

En el Consejo de Gobierno, la Junta esbozó los detalles de su plan energético para ir «más allá» que el Gobierno en el ahorro del 7% pero a través de incentivos en lugar de sanciones –aunque la ministra en este sentido, ante la falta de inspectores, finalmente ha abogado por «acompañar» a la ciudadanía– y con un paquete de medidas de implantación a corto, medio y largo plazo. El Gobierno andaluz apurará el plazo de tres meses que prevé la normativa reguladora del Tribunal Constitucional para la presentación de un recurso contra el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno, el Real Decreto-ley 14/2022, aunque al mismo tiempo se marca el objetivo de superar el 7% de ahorro del Estado como meta de rebaja del consumo energético, un compromiso con la UE.

El nuevo consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, amplió las medidas anunciadas la jornada previa y corroboró que Andalucía cumplirá la ley pese a la disconformidad principalmente con las formas. Es decir, Andalucía comparte el qué pero no el cómo. «El Gobierno de España no ha dialogado, no ha contado con comunidades ni municipios ni ha escuchado a sectores afectados. No se tiene en cuenta diferencias climatológicas», señaló Paradela. «La ambición es igualar o superar el ahorro del 7% del decreto del Gobierno. Si es posible, superarlo. Todo ha sido muy rápido, en 48 horas», indicó el consejero Paradela, que «en próximas semanas y meses conforme se implementen» las medidas ofrecerá el detalle económico del plan.

¿Qué no gusta del plan del Gobierno? «La UE consulta a Estados miembros cómo lograr el ahorro y ofrece recomendaciones y obligación en la administración pública. Eso nos habría gustado. Más el incentivo en lugar de la imposición y la sanción. Pero sí creemos que como administraciones debemos jugar un papel de liderazgo o ejemplo. No nos gusta la imposición por la vía privada», señaló Paradela.

La Junta utilizará las posibilidades que le brinda la Red de Energía de la Administración de la Junta (Redeja), que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía, para el contrato centralizado de 5.000 puntos de suministro. Otras medidas son la ejecución de un plan masivo de optimización de potencia contratada para adecuarla a las necesidades reales de los edificios; auditorías energéticas con el objetivo de definir las acciones necesarias; el análisis para la implementación de fuentes de energía renovable y fomento del autoconsumo, así como el control de los consumos para detectar desviaciones importantes.

Entre las iniciativas que la Administración autonómica ya tiene en marcha destacan el Plan de Inversiones Redeja para mejorar la eficiencia en edificios como sedes judiciales y hospitales, por ejemplo, en los que está invirtiendo 27 millones financiados con fondos Feder, así como el impulso de una contratación centralizada para la realización de estudios energéticos en edificios públicos.

La Junta mantendrá como una línea prioritaria de actuación estas inversiones de mejora energética en sus edificios con fondos FEDER en el marco financiero plurianual 2021- 2027. Asimismo, desde el pasado mes de febrero, la Junta cuenta con una nueva flota de 147 vehículos 100% eléctricos, que han supuesto una inversión global de 5,2 millones de euros (cofinanciados a través del programa MOVES), y durante la última legislatura los 10 programas de ayudas gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía para instalar autoconsumo en hogares y empresas, para almacenamiento, para mejorar la eficiencia energética de viviendas, negocios e industrias, y para apostar por la movilidad sostenible han movilizado inversiones cercanas a los 1.730 millones de euros para la realización de más de 38.800 proyectos de mejora energética en Andalucía.

“Tenemos tres meses y lo analizaremos con profundidad”, señaló el consejero de Presidencia sobre el análisis del Real Decreto, quien ha argumentado sobre la estrategia del Gobierno andaluz que se trata de “un Gobierno que apuesta por soluciones, que agota todas las vías”, por cuanto ha remarcado que el Gobierno andaluz quiere “poner el énfasis en un modelo energético claro”, convencido en este sentido de que “lo tenemos”. Cuestionado por el plazo de tres meses para la interposición del recurso en el Constitucional, Antonio Sanz ha recordado que “el plazo lo establece la norma para presentar un recurso”, en alusión a la normativa reguladora del Tribunal Constitucional.