Andalucía rechaza las «imposiciones» del plan de ahorro energético

La Junta lamenta que las medidas del Gobierno «no se han consensuado» y apuesta por impulsar las energías renovables y líneas de incentivos en lugar de sanciones

El martes entra en vigor el denominado «Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización», que incluye medidas tan polémicas como la prohibición de poner el aire acondicionado a una temperatura menor de 27 grados en edificios administrativos, comerciales y culturales o la obligación de apagar los escaparates de las tiendas a partir de las 22:00 horas. Durante la reunión que mantuvieron ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, con las comunidades autónomas para aclarar el contenido del decreto, Andalucía rechazó las «imposiciones» del texto y apostó más por «recomendar» en vez de «sancionar», en la línea de lo que viene abogando la Unión Europea y en sintonía también con las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En el encuentro, celebrado de manera telemática, participaron los consejeros de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela; de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal. La Junta expresó su rechazo al capítulo 1 del título 5 del decreto, el relativo a las medidas a implementar, puesto que «no se ha discutido con las administraciones competentes ni con los sectores afectados», criticó Paradela, que se estrena en el cargo con un tema especialmente candente y que marcará la agenda política tras el verano.

Tras dejar claro que la Administración autonómica «apoya sin fisuras la idea de reducir el consumo de energía», Paradela recordó que la Unión Europea no impone medidas en este sentido, como sí está haciendo el Gobierno. Aseguró que Bruselas ha planteado a los Estados un plazo para reducir los consumos que expira el 31 de marzo, mientras que el Ejecutivo central quiere ver resultados el 31 de octubre, además de fijar un régimen sancionador «extremadamente punitivo». «Nos hubiera gustado ejercer nuestras competencias e iniciar un proceso consultivo y dialogado sobre cuánto tenemos que ahorrar y que las regiones pudieran elegir cómo adaptarse en función de las características de cada territorio», subrayó. Varias comunidades ya han advertido de que las medidas tienen un encaje distinto dependiendo de las temperaturas de cada región.

A su juicio, la norma estatal «no ataca la raíz del problema, que es el precio de la energía». En este sentido, el consejero recordó que ya se está produciendo un ajuste en el consumo del gas. En la industria ha caído un 10% y en los hogares un 4%. «Las familias y la economía son sabias», remarcó, no sin antes señalar que el asunto tiene una importancia capital que justificaría la convocatoria de una Conferencia de Presidentes.

Andalucía impulsa dos líneas de trabajo vinculadas al ahorro energético que no tienen que ver con instrucciones concretas ni multas. Una de ellas, a medio y largo plazo, se basa en desarrollar el potencial en el ámbito de las energías renovables. «Estamos volcados en ese desarrollo, pero nos siguen faltando infraestructuras de transporte y de evacuación para esas energías limpias».

El consejero también apostó, en el corto plazo, por trabajar en la vía de los incentivos aprovechando los abundantes recursos procedentes de Europa, tanto en los marcos comunitarios 2014-2020, 2021-2027 y los fondos Next Generation, fundamentales en el desarrollo económico tras la pandemia. «Desde Andalucía pensamos que es mucho más práctico y eficaz trabajar desde un plano positivo de recomendación en lugar de hacerlo desde un plano impositivo y de sanciones», insistió.

Paradela destacó el papel «ejemplarizante» que deben desempeñar las administraciones públicas, y en esta línea recordó que Andalucía ya tiene en marcha numerosas iniciativas que persiguen el ahorro energético y la mejora en la eficiencia. Entre ellas, mencionó el contrato centralizado para atender unos 5.000 puntos de suministro eléctrico de institutos de enseñanza secundaria, oficinas administrativas, hospitales, instalaciones deportivas y universidades andaluzas. Por primera vez, la Administración regional cuenta con un contrato de suministro eléctrico procedente 100% de energías renovables (que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía), así como un Plan de Inversiones para proyectos de mejora energética en edificios públicos como sedes judiciales y hospitales, entre otras iniciativas vinculadas al ahorro energético.