Economía

El PSOE dejó más de mil millones en pagos pendientes en la Junta de Andalucía

Más de la mitad es anterior a 2012 y había casos desde 1987

Carmen Núñez, nueva presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en una foto de archivo. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Carmen Núñez, nueva presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en una foto de archivo. PARLAMENTO DE ANDALUCÍAPARLAMENTO DE ANDALUCÍAPARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Cámara de Cuentas ha detectado más de 1.000 millones en libramientos pendientes de justificar en la Junta de Andalucía en 2019, más de la mitad de ellos con un origen anterior a 2012 y, en algunos casos, desde 1987.

Según la cuenta general de 2019, hay 19.335 libramientos pendientes de justificar por importe de 1.047 millones, de los que 986 millones corresponden a pagos hechos por las consejerías y el resto por agencias administrativas y de régimen especial. Los pagos pendientes con destinatarios del sector privado ascendían a 494 millones, mientras que 553 millones están pendientes de justificar por entidades pertenecientes al sector público, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

Este organismo señaló que por la importancia de los incumplimientos los libramientos pendientes de justificar «no resultan conformes con la normativa aplicable». Durante 2019 se dieron de baja del sistema contable 129 pagos pendientes por prescripción, por valor de 7,31 millones, de los que el 92,3 por ciento correspondían al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En 110 casos se declara prescrito el derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro de alguna subvención por haber transcurrido el plazo de cuatro años que la legislación establece.

Además, en 58 de estas resoluciones se declara también la prescripción de las posibles responsabilidades contables, aunque la Cámara de Cuentas recuerda que no es procedente porque el órgano competente para ello es el Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, en relación a las cuentas para el año próximo, la Junta apuntó que acompañar la prórroga del descuento del 30% al transporte autonómico anunciada por el Gobierno implicaría la «reprogramación» de su Presupuesto para 2023, aprobado la semana pasada, y criticó que no se haya trasladado con suficiente antelación.