Andalucía

Economía

Menos agua y más cara para los regantes almerienses

Protestas por recortes en el trasvase Tajo-Segura y la caída de las bonificaciones a la desalación

Las organizaciones de regantes, entre ellas la federación almeriense Feral o el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, además de organizaciones agrarias y la propia consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, se movilizan ante el Ministerio de Transición Ecológica contra los recortes planteados en materia hídrica para este 2023. La disminución de aportes prevista por el gabinete que dirige Teresa Ribera para las provincias de Alicante, Murcia y Almería es de hasta 105 hectómetros cúbicos, lo que supondría 78 hectómetros menos para regadío que la media actual y la disminución de 27 hectómetros cúbicos para abastecimiento. “Nos enfrentamos a la desaparición de más de 15 mil empleos y reducciones de valor patrimonial estimadas en más de 5.900 millones de euros”, indica el presidente de Feral, José Antonio Fernández. “Sólo en la provincia de Almería se pierden directamente 5 hectómetros cúbicos de agua de un trasvase que ha funcionado sin problemas durante los últimos 40 años. No podemos aceptar que se tumben unilateralmente las condiciones por una ministra, por una ideología, que tumba el futuro desarrollo de nuestra tierra”, lamentan desde Feral.

También la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha criticado la decisión “caprichosa” que ha adoptado el Gobierno con respecto al caudal ecológico del Tajo y ha reprochado al ministerio que dirige Ribera “politizar” las actuaciones “en una materia tan sensible” como el agua. “No estamos de acuerdo con la decisión porque no está basada en informes científicos y tenemos que hacerle frente porque la situación en el Levante va a ser muy compleja”, ha advertido Crespo, quien ha cuestionado que la desalación “vaya a poder compensar la pérdida de gran parte” de este trasvase Tajo-Segura.

De hecho, otra de las consecuencias directas será “el incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor”, indican los regantes, ya que “se produce una mayor dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto medioambiental resulta mayor”. Precisamente, con el nuevo año desaparecía la bonificación de la desalación hasta los 30 céntimos, que estaba paliando la tendencia alcista de los precios de la energía. Crespo ha valorado que “o el gobierno de España bonifica el agua desalada o están poniendo en entredicho el futuro de territorios como Almería y todo el levante español”. Una cuestión que también afectará a los cultivos intensivos bajo invernadero del Poniente almeriense, por lo que la presidenta de ASAJA en Almería, Adoración Blanque, afirma que “es un coste inasumible para muchos agricultores porque llevamos dos años de subidas bestiales y esto viene a sumarse en el Poniente, y a la situación todavía más caótica en el Levante almeriense”. Entienden desde la patronal agraria que “si realmente apostamos por un sector productor, si desde el ministerio de Agricultura, de Transición Ecológica o Acuamed hacen una apuesta por el sistema, se tienen que establecer medidas que compensen esa subida en los costes”.

Pero la Mesa del Agua ha remarcado que, en estos momentos, no existe “ninguna alternativa” a la disminución del volumen de agua disponible y ha apuntado que la utilización del agua desalada en exclusiva, como recurso ordinario “puede generar problemas a nivel agronómico” y que “su obtención supone un coste ambiental desproporcionado con una dependencia energética cuatro veces mayor que el agua del trasvase”. En la misma línea se ha expresado también el secretario general de COAG en Almería y responsable nacional de frutas y hortalizas de la organización, Andrés Góngora: “estamos movilizando a los agricultores en Almería y Murcia porque nos parece que no se está teniendo en cuenta que cuando se cierra un grifo de agua son muchas las consecuencias que se generan tanto en el empleo como en la economía de una comarca”. Para COAG es “evidente” que “se tenía que haber buscado una alternativa. No se reestablece ni se le da un futuro cierto a qué va a ocurrir con el trasvase, pero tampoco se da una alternativa seria con la desalación”. Un “problema muy preocupante” que “pone “contra las cuerdas al sector agrario con mayores índices de productividad del país” y “desestabiliza” el “futuro” de toda la sociedad del Levante, “dejando de lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad en todas sus vertientes y vertebración del territorio”.

Los manifestantes consideran paradójico que, en un país como España, con una media actual de 20.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el Levante tenga que continuar luchando para disponer de los recursos necesarios para “seguir generando riqueza, empleo y progreso”. Estiman que los hectómetros cúbicos perdidos suponen un volumen “exiguo” con respecto a la cifra global embalsada y una medida que evidencia que “la planificación hidrológica de nuestro país se está haciendo mal”. El presidente de FERAL concluye: “nos jugamos la existencia de un modelo económico y social de progreso”.

CARTA DE MORENO A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remitido este martes una carta a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, para reclamar la comparecencia de la Comunidad Autónoma ante este organismo, donde ofrecer las alegaciones al trasvase del Tajo-Segura, por cuanto apela a que “esta nueva planificación hidrológica”, regulada en el proyecto de Decreto del Plan Hidrológico del Demarcación del Tajo, “contiene unas determinaciones gravemente lesivas para la Comunidad Autonóma”.