Andalucía apuesta por vender suelo como alternativa a la Sareb

Frente a la propuesta del Gobierno de destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, una iniciativa polémica por la escasa disponibilidad del denominado «banco malo», Andalucía marca su propio camino para intentar paliar un problema que preocupa cada vez a más familias. Y lo hace a través del denominado Programa Anual de Enajenaciones de Bienes, encaminado a poner a la venta suelos públicos para futuros usos residenciales e industriales. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en sus previsiones para este año, destaca los esfuerzos realizados para «poner a disposición de las empresas y particulares bienes con objeto de generar actividad económica y atender las demandas de suelos, viviendas y otros inmuebles en el mercado». La Junta, por tanto, vende 130 garajes, 72 locales comerciales, 251 parcelas de uso productivo –industrial terciario o dotacional– y 558 parcelas residenciales. Esta última oferta resulta relevante, porque en dichos suelos se prevé la construcción de 208 viviendas de renta libre y 350 protegidas. La operación ascendería a 117 millones de euros, con una edificabilidad global de 799.707 metros cuadrados.

Junto a ello, la Administración autonómica dispone de un total de 1.038 inmuebles para sacar en oferta pública a lo largo de este año, destacando los suelos residenciales para el desarrollo de 4.018 viviendas repartidos por las ocho provincias andaluzas.

La estimación de AVRA es obtener un montante de 18.942.985 euros con estas enajenaciones de inmuebles. El procedimiento mayoritario es la subasta, que garantiza la publicidad y la libre concurrencia. Sin embargo, para la venta de suelos residenciales destinados a la construcción de viviendas protegidas se establece la modalidad de concurso, puesto que el precio no puede ser un factor determinante en la adjudicación.

«La escasez de suelos finalistas para viviendas se constata en diferentes provincias andaluzas, unido a la insuficiencia de oferta de viviendas de nueva planta, lo que están generando importantes tensiones en los precios y agravando la dificultad de la accesibilidad a la vivienda, especialmente para los hogares de nueva creación», señala el informe de previsiones. Un documento que analiza también la situación que está atravesando el mercado inmobiliario, un sector marcado por «la subida de los materiales construcción, el encarecimiento de las viviendas, la subida de los tipos de interés para frenar la inflación y el consecuente encarecimiento de las hipotecas, dificultando el acceso a la vivienda y mermando la capacidad de gasto de las familias». No obstante, en 2022 se registró un récord de transacciones, con cifras superiores a 2007. Pero este año la actividad se ralentizará, con una bajada progresiva de las ventas «sin llegar a ser brusca».

El documento reconoce que la oferta actual de vivienda «es escasa y las previsiones a corto plazo no son mejores». «En 2022 se solicitaron unos 100.000 visados de obra nueva y la previsión para 2023 es de una cifra similar. En este contexto económico, con altos costes de financiación, elevados precios de los materiales e incertidumbre por la situación internacional, los promotores no están apostando por aumentar el stock de nuevas viviendas».

En este contexto, AVRA acomete actuaciones «dirigidas a ajustar los precios de sus activos a los niveles del mercado, apoyar la colaboración público-privada para la promoción de viviendas en alquiler y asumir la promoción de viviendas en los espacios en los que la iniciativa privada no llega». En cuanto al balance de 2022, las ventas fueron «muy ajustadas a las previsiones para el ejercicio». Se alcanzaron los 16,51 millones de euros, con operaciones relevantes de venta de suelo en Chipiona (Cádiz), Pulpí (Almería) y una parcela terciaria en el municipio cordobés de Baena.

Rechazo mayoritario a la Ley de Vivienda

Aunque más de la mitad de los andaluces (51%) cree necesaria una normativa que regule el derecho a la vivienda, dos de cada tres consideran que la Ley de Vivienda será poco o nada útil y no solucionará los problemas actuales, siendo las personas que viven de alquiler y los más jóvenes los que se muestran más partidarios. Así lo recoge el informe «Percepciones de la nueva Ley de Vivienda» elaborado por el Grupo Mutua Propietarios para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta normativa recientemente aprobada por el Congreso, que entrará en vigor a finales del mes de mayo. «La vivienda es un aspecto complejo porque es, al mismo tiempo, un derecho y un activo financiero, lo que genera mucha controversia en torno a su gestión y grandes dificultades a la hora de legislar», explica Laura López, subdirectora general de Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios. La baja percepción de la utilidad de la ley como solución a los problemas de vivienda lleva a los españoles a ser pesimistas acerca de sus consecuencias. Sin embargo, aunque la normativa se extiende a todas las formas de vivienda, las mayores diferencias en cuanto a su idoneidad se focalizan en el grupo que tiene relación con el alquiler, ya sea como inquilino o como arrendador. De hecho, un 68% de los inquilinos ve necesaria la ley, mientras que este porcentaje se reduce a un 51% en el caso de los arrendadores.

Las medidas que mayor aprobación alcanzan entre los andaluces son los beneficios fiscales a propietarios (62%); limitar las subidas del alquiler (60%) y proteger ante los desahucios (65%) y, la de menor acuerdo, el aumento de impuestos a las viviendas vacías (34%). Una de las principales consecuencias de la ley será la retirada de viviendas del mercado de alquiler (53%).