Arcos de la Frontera sigue bajo sospecha por los presuntos amaños en oposiciones

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera continúa envuelto en la polémica por presuntos amaños en procesos selectivos municipales durante los años de gobierno socialista. La actual concejala María José González Peña ha sido procesada por haber manipulado presuntamente un concurso-oposición para favorecer la adjudicación de una plaza interina a una aspirante, a cambio de votos para el PSOE en las elecciones locales de 2019.

Según la investigación judicial, González Peña habría intervenido junto a su asesor, Luciano Muñoz C., el presidente del tribunal del proceso, Ricardo F. V., y la beneficiaria, Manuela F. N., en un procedimiento diseñado «a medida». Grabaciones difundidas en los últimos meses recogen conversaciones entre los implicados en las que se aludiría a la confección de pruebas personalizadas, la elección de contenidos conocidos por la candidata y a pedir el voto abiertamente de toda la familia.

El Juzgado imputa a los cuatro los delitos de prevaricación y revelación de secretos. La acusada, sin embargo, niega haber cometido irregularidades y se presenta como «víctima» de una maniobra política. En su declaración ante el juez, aseguró no recordar reuniones con la aspirante antes de las elecciones, pese a los audios que la señalan.

El PSOE provincial ha abierto un expediente informativo a González Peña, en coordinación con las direcciones regional y federal. La secretaria general del PSOE de Arcos, Ana Carrera, calificó los audios como «no tolerables y ajenos a los valores del Partido Socialista», aunque mostró su respeto por el proceso judicial. Carrera confió en que la concejala, que ya ha solicitado la baja como militante, dé «el paso lógico» de dejar también su acta, algo que aún no ha ocurrido.

Mientras tanto, la tensión política crece en el municipio. El partido independiente Aipro presentó el pasado 30 de septiembre, durante el pleno municipal, una petición formal para crear una comisión de investigación que analizara todos los procesos de empleo público realizados entre 2015 y 2023. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por defectos de forma. Desde Aipro aseguran que «este caso es solo la punta del iceberg» y sostienen que los procesos de estabilización de personal durante los años de gobierno socialista «están bajo lupa».

Fuentes del propio Ayuntamiento reconocen que «los funcionarios están nerviosos» ante la posibilidad de que las investigaciones judiciales o una futura comisión de investigación afecten a procesos ya cerrados. «Hay gente que está ahora con la vida resuelta, pero si se empieza a tirar de la manta, alguno puede ponerse nervioso», señalan.

Aipro ha pedido que la justicia «siga investigando hasta el final» y ha acusado al anterior gobierno del PSOE–encabezado por Isidoro Gambín, con González Peña como delegada de Hacienda y Personal, y Luciano Muñoz como asesor–de haber mantenido «un sistema de amaños generalizado».

María José González Peña, apartada del grupo municipal socialista, ha declinado realizar declaraciones. Solo ha manifestado que el asunto «debe resolverse en los tribunales, donde se verá todo tal cual es».

El Partido Popular es el que gobierna en Arcos y asegura que es el primer interesado en realizar una investigación profunda sobre lo sucedido y el alcalde, Miguel Rodríguez, ha señalado que actúa «por justicia y responsabilidad, no por venganza», y ha asegurado que su obligación es «velar por la legalidad de todos los actos que emanen del Ayuntamiento».

El regidor también denunció la «contradicción» del PSOE, al que acusa de «predicar igualdad mientras presuntamente vulnera la igualdad de oportunidades en el acceso a plazas públicas». «Es curioso que sea el primero que veta la igualdad de acceso a distintos puestos de trabajo municipales», añadió.