El decreto-ley de Pedro Sánchez en 2019 señalaba que no actualizar las entregas a cuenta iba «contra el interés general»

La convocatoria electoral en Cataluña ha alterado la hoja de ruta del Gobierno de España, que, entre otros objetivos, pasaba por aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Con las cuentas prorrogadas, se abre un escenario de incertidumbre en cuanto a nuevas inversiones y proyectos que deben ser reformulados o directamente no se podrán ejecutar.

Una de las cuestiones que deben resolverse son las entregas a cuenta que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas en función de la previsión de recaudación. No es, por tanto, un dinero del Estado, sino que es obligación de este transferir esos recursos a las regiones porque se trata de fondos que les corresponden legalmente. De momento, y con el argumento de que no hay Presupuestos Generales del Estado, esas cantidades no se han actualizado al alza –tal y como el ciclo económico pronostica gracias al aumento de la recaudación–, lo que en la práctica supone, en el caso de Andalucía, una pérdida de 150 millones al mes desde comienzos de año, es decir, 450 millones de euros.

«Esta prórroga del presupuesto estatal no sólo no resuelve los agravios de presupuestos anteriores con Andalucía, sino que los consolida y los multiplica», explicó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

El Gobierno tiene en su mano solucionar esta situación como ya hizo en 2019 a través de la aprobación de un decreto-ley. Ese año, sin Presupuesto y con el Ejecutivo en funciones, se aprobó el Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.

En dicho texto, publicado en el BOE y firmado por el presidente Pedro Sánchez, se justificaba que «de no producirse la actualización de la financiación de las administraciones territoriales contenida en este real decreto-ley, el despliegue directo de los elementos de los sistemas de financiación territorial, concebidos en sus términos originales para una situación de ciclo presupuestario ordinario, derivaría en unos resultados financieros indeseados, contrarios al propio sentido y lógica financiera de dichas normas y al interés general».

El dinero no se perdería, sino que las autonomías los recibirían dos años más tarde, una vez que esos anticipos se liquidaran ya en firme. De nuevo, el decreto-ley de 2019 lo explicaba de manera gráfica: «Las entregas a cuenta que percibirían las comunidades autónomas resultarían inferiores a las resultantes de considerar la evolución de la recaudación previa a la cesión a las administraciones territoriales prevista para el año 2019 respecto a la prevista para el año 2018, dando lugar a que esa diferencia deba transferirse en todo caso a las comunidades autónomas dos años más tarde, en el año 2021».

En un escenario político con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP, el temor es que el Gobierno decida alargar la situación para provocar tensiones en los territorios y malestar social. En Andalucía, la consejera asegura que han sido previsores y no habrá problemas.