Los docentes andaluces, «poco o nada sensibilizados» en realidad LGTBI

El Gobierno andaluz se encuentra elaborando la I Estrategia para la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas LGTBI y sus familias en Andalucía 2023-2027 para favorecer «el cambio social a todos los niveles en aras de fomentar la plena igualdad, reducir las desigualdades y las situaciones de discriminación, así como visibilizar la diversidad sexogenérica y familiar para alcanzar una sociedad más justa, más sensible e integradora».

En el borrador que sirve de base para su elaboración se constata, en líneas generales, que existe una legislación avanzada y garantista que, en muchas ocasiones, no se aplica por falta de conocimiento o de formación. De hecho, en uno de los ámbitos donde la actuación es más importante, el educativo, existe un déficit evidente por falta de preparación de los docentes.

«Tanto diversos estudios consultados, como el trabajo de campo realizado para la elaboración de la estrategia (encuestas a personas y entidades LGTBI y entrevistas a personas expertas), confirman que los y las docentes están poco o nada sensibilizados y formados en la realidad LGTBI del alumnado y sobre diversidad familiar, y están poco adaptados para prestar sus servicios conforme a la diversidad sexo-genérica y familiar, lo que plantea una brecha en la relación del profesorado con el alumnado y las familias que no están sujetos a la concepción mayoritaria y heteronormativa».

Aunque esta apreciación se extiende a otros colectivos profesionales, se hace especial hincapié al tratarse de un momento clave porque afecta a personas en edades «en plena construcción y definición individual y social».

Ante esa constatación, el texto apunta que desde la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se están desarrollan diversas acciones como la formación del profesorado, la incorporación en los planes de igualdad de la detección de dichas necesidades, la asistencia a congresos y jornadas, y las acciones de orientaciones de inicio de curso para las Delegaciones Territoriales.

Entre otras, señala el II Plan de Igualdad de Género en Educación, el Protocolo de acoso y Ciberacoso; el Protocolo de Identidad de Género y su implementación en el Sistema de Información Séneca; el Programa escuela «Espacio de Paz»; charlas para las familias de alumnado de zonas ERACIS; celebración del día de las familias; realización de actuaciones en los centros educativos a través de la convocatoria para la prevención de la violencia de género; y los Premios Rosa Regàs a materiales curriculares que promueve la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo.

Aunque el trabajo realizado asegure que existe esa falta de formación, sí se valora positivamente la predisposición del profesorado. De hecho, apunta que «a nivel de centros educativos se trabaja desde la orientación educativa y la acción tutorial, y desde el Plan de Igualdad y el Plan de Convivencia de Centro (ambos obligatorios en todos los centros escolares dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional)» y reconoce que «un alto porcentaje de personas, familias y entidades LGTBI consideran que se está dando un trato y atención correcto por profesionales de los centros educativos». En concreto, casi el 60% valora que el trato y la atención es «muy adecuada, bastante adecuada o adecuada»; el resto de los participantes en la encuesta sí considera que el trato y la atención recibida por el personal docente o en el centro de estudios es poco adecuada o inadecuada, «mostrando una rigidez que repercute negativamente en el abordaje de la situación de las personas con diversidad sexo-genérica en la edad en la que más se precisa del apoyo del sistema para evitar la discriminación y la vulneración de derechos».

Entre las principales denuncias o actitudes de incomprensión, se señalan la «falta de comunicación entre la familia y la escuela, así como la inexistencia de la figura de mediación», que «se infravaloran las situaciones de discriminación, que suelen ver como «peleas de adolescentes» que debe solucionar el propio alumnado; y la falta de programas de prevención del bullying, así como de protocolos y recursos en los centros para la normalización de la diversidad sexogenérica y familiar.

En cualquier caso, el borrador de la estrategia también incluye otros aspectos de mejora en otros colectivos más allá de los docentes. Así, destaca que no hay que olvidar «áreas tan deficientes como la visualización de la diversidad dentro de los cuerpos policiales o afines» y agradece iniciativas como la introducción en el curso de Ingreso a los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía de una signatura denominada Diversidad, donde se explica a los futuros policías, cómo debe gestionarse la diversidad sexogenérica y familiar y cómo se detectan y persiguen los delitos de odio y discriminación.

Igualmente, los propios centros directivos de la Administración andaluza no salen bien parados, toda vez que, mayoritariamente, «no han desarrollado mecanismos formales para identificar las necesidades de las personas LGTBI y sus familias». De hecho, el 50% de los encuestados asegura que es un aspecto para «mejorar».