
Polémica
El Ejido se revuelve contra un segundo centro de migrantes
El municipio almeriense, con un 33% de población extranjera, ve «amenazada la cohesión social», según el Consistorio

“Hay que tener en cuenta los derechos humanos, pero también la capacidad de integración de los territorios”, afirmó el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, respecto a la decisión gubernamental de instalar un segundo centro de acogida de inmigrantes llegados a las Canarias en un municipio que ya “sostiene un 33% de población extranjera”.
El primer edil ejidense rechazó la “decisión unilateral” del Ejecutivo central de “convertir los hoteles en centros de internamiento de puertas abiertas, con pensión completa y carácter indefinido”, desde “una profunda deslealtad institucional” y obviando que “siendo frontera, como somos, no paran de llegar embarcaciones con inmigrantes en situación irregular a nuestras costas”.
Sin embargo, “ahora somos también frontera vía charter gracias al Gobierno de España, con todo el Sahel y toda el África subsahariana”, lamentó el alcalde ejidense, con “lógica preocupación” ante el desbordamiento de “los recursos y las posibilidades para la acogida” de la localidad. “No es un rechazo a nadie”, reiteró Góngora, “simplemente es una apuesta por un modelo de integración coherente” porque “todos los territorios tienen una capacidad limitada” para la “integración” y recepción de personas en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, a las 200 plazas para el asilo de refugiados habilitadas hace nueve meses en las instalaciones de Ejidohotel, se suman ahora otras 52 más en el hostal Santo Domingo, ubicado en el mismo barrio ejidense. Una solución habitacional para inmigrantes que “ya advertimos que se cronificaría y podría asentarse, como está ocurriendo”, estimó el alcalde, censurando una “política migratoria desde el marco de la frivolidad” que “somete a lugares que ya conviven con el fenómeno a mayores tensiones sociales”, poniendo el riesgo “el trabajo por la integración llevado a cabo durante años” y dejando al margen otros territorios con una situación mucho más asumible en regiones como “Cataluña o el País Vasco, que quedan excluidas del reparto a cambio de unos pocos votos, para que el Gobierno pueda mantener la gobernabilidad”.
De esta forma, el regidor ejidense descartó cualquier tipo de motivación relacionada con el racismo para sostener sus argumentos, ya que “quien profiere ese tipo de insultos no tiene ningún argumento y le falta el respeto al pueblo de El Ejido”. “Porque todos pensamos de la misma manera”, aseguró el alcalde, “derechos humanos sí, pero también capacidad de acogida y no poner en riesgo el progreso de nuestro municipio y la sostenibilidad social”. “La inmigración debe gestionarse con criterios de empleabilidad, cohesión social y solidaridad", sin generar "más problemas en los municipios con mayor presión migratoria", manifestó.
En esta línea, ha instado al PSOE a revisar los acuerdos de cooperación con terceros países para mejorar la repatriación. De hecho, recordó todo el “trabajo transversal por normalizar la convivencia, en el aspecto social y de convivencia”, con ejemplos como “el cuidado de zonas desfavorecidas para que ningún barrio se quede atrás”, la existencia de vínculos estrechos con hasta “catorce asociaciones con origen inmigrante” y la creación de órganos de representación y centros de atención específicos en núcleo poblacionales con más de la mitad de la población extranjera, como Santa María del Águila y Las Norias.
Pero hay muchas necesidades y eso es sobre lo que incidió el primer edil, ante la “falta de medios policiales” y “la pasividad del Estado para hacer cumplir la Ley de Extranjería”. Sólo el pasado año, la policía local habría levantado “268 actas por incumplimiento que no sirvieron para nada”, además de “47 expedientes de chabolas, todas de población inmigrante y de 71 expedientes de ocupación de viviendas”. Así, el consistorio “trabaja contra alojamientos habitacionales precarios”, describió el alcalde, ante “locales y edificios que se subdividen, se arrendan y se habitan, con unas condiciones higiénico-sanitarias muy lamentables” y generando “un modelo de crecimiento social que va en contra del progreso de El Ejido”.
No obstante, la “política migratoria de hechos consumados” descrita por Francisco Góngora es “una obligación como país”, para el subdelegado de Gobierno en Almería, el también ejidense José María Martín. “Hay una red de centros por todo el territorio, no solo en Almería”, manifestó a preguntas de los periodistas y tras las críticas, precisando que en esta ocasión se trata de “mujeres que vengan solas o acompañadas de sus hijos”.
“Está dimensionado, exclusivamente, para las víctimas más vulnerables”, declaró el representante del Ejecutivo en Almería, puntualizando que “no se ha producido ninguna circunstancia adversa en los refugios habilitados, más allá de los prejuicios contra determinadas personas”. Llama la atención que volvía, además, a relacionar este rechazo con la “procedencia, el color de piel o la condición social”. Aunque no aclaró los criterios que llevan r a estos refugiados a unas ciudades respecto a otras de la geografía nacional, sí matizó que estos centros serán “gestionados por organizaciones de toda solvencia como Cruz Roja, Almería Acoge o, en el caso que nos ocupa en Santo Domingo, Cepaim”.
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