Seis meses para derribar el hotel Algarrobico: un reto poco viable

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, se ha autoimpuesto un reto de difícil cumplimiento: comenzar la demolición del Algarrobico, el polémico hotel levantado parcialmente en el término de Carboneras, en un plazo de «seis meses». Las declaraciones, realizadas ayer en Canal Sur Televisión, han pillado por sorpresa a los colectivos ecologistas que conocen de primera mano la maraña judicial en la que está inmerso el hotel y que difícilmente se podrá aclarar en un plazo tan exiguo.

De hecho, lejos de celebrar esta hoja de ruta, aseguran que pasarán «años» hasta que el inmueble promovido por Azata sea demolido y no los «seis meses» que ha pronosticado la exresponsable de la Consejería de Salud y que hoy gestiona las políticas de medio ambiente. «Demuestra que está absolutamente al margen del problema», valoró el abogado José Ignacio Domínguez, para quien dichas perspectivas por parte de la titular andaluza de Medio Ambiente demostrarían su «ignorancia más absoluta» sobre «la problemática del edificio».

En declaraciones a Ep, el letrado detalló que para que se alcance la demolición del polémico hotel es preciso, en primer lugar, que el Ayuntamiento «cumpla la sentencia» y proceda a «anular la licencia» de obras sobre la que se sostiene la construcción.

«Llevamos ya intentando que el Ayuntamiento cumpla las sentencias muchos años», recordó Domínguez, quien aseguró que, en caso de que se consiga que el Consistorio acceda a la anulación de dicha licencia, Azata recurriría la decisión, de modo que el pleito continuará en los tribunales «varios años».

Igualmente, contempla que en el escenario en el que se confirme la nulidad de la licencia «habrá que iniciar un expediente de devolución, que nuevamente será recurrido por Azata a los tribunales», según vaticinó, por lo que «tenemos ahí unos cuantos años más también hasta que ya finalmente haya una sentencia de demolición». Todo ello conlleva que los tiempos de tramitación judicial y resolución que se van a producir aún en cada uno de los avances que se van a dar durante el proceso van a suponer «años» de espera antes de que el hotel sea derribado más allá de los protocolos suscritos entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para emprender dicha labor.

El anuncio de la demolición del Algarrobico se ha producido en varias ocasiones sin que, hasta la fecha, exista certeza alguna de que se vaya a producir. El 20 de octubre de 2020, hace ya cuatro años, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que en el Presupuesto autonómico del 2021 se incluiría una partida para financiar los primeros trabajos de demolición del hotel levantado en el Parque Natural Cabo de Gata y aseguró que sería «el primer paso para la posterior restauración ambiental de la zona».

De hecho, en las cuentas de ese 2021, la Junta presupuestó 1,1 millones para el derribo y el desescombro de El Algarrobico. Lo hizo en una única anualidad con cargo al programa de Información Ambiental y Dinamización Socioeconómica Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Ahora bien, ya entonces se advirtió de que cualquier actuación estaría pendiente de que la administración andaluza tomara posesión de las fincas sobre las que se alza el edificio en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones que ejerció en 2006.

La realidad es que ese hecho no se produjo entonces y ahora se antoja igualmente complicado a la espera de que el Ayuntamiento de Carboneras remita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «aclaraciones» sobre la calificación de los suelos donde se levanta el hotel.

Lo que sí permanece en vigor es el acuerdo al que llegaron el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. En ese pacto, publicado en el BOE el 6 de diciembre de 2011, ambas administraciones entendían que «tan pronto sea posible, y al amparo de lo que en su caso resuelvan los órganos judiciales competentes, deben contribuir a la inmediata demolición del hotel denominado El Algarrobico y la posterior restauración del espacio en el que en la actualidad se sitúa. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad de terceros, y en su caso, de la eventual repercusión de los costes en que ambas administraciones incurran sobre quienes los tribunales entiendan queda obligado a dicha demolición y restauración ambiental de la zona afectada».

Entre las líneas de colaboración conjunta, la resolución señalaba que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se comprometía «de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, a abordar la financiación de la demolición de la edificación, de acuerdo con el plan conjunto que desarrollarán ambas administraciones». En el caso de la Junta, la responsabilidad se ceñía, «de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, a abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos que esta demolición genere». El acuerdo como tal sigue en vigor –aunque habría que ejecutarlo–, pero la maraña judicial también permanece.