La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles una nueva sesión del juicio por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la alianza empresarial México-Minorbis; sociedad esta última perteneciente al grupo andaluz Magtel; marco en el que un investigador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ratificado su detección previa de "incongruencias y anomalías" en las valoraciones técnicas de las ofertas, aludiendo incluso a "una desviación grotesca del sentido" de una de las baremaciones.

Durante su comparecencia como perito/testigo, este agente de la UDEF ha ratificado los términos del informe elaborado por su unidad sobre el procedimiento promovido por la Junta de Andalucía para sacar a concurso y adjudicar los nuevos derechos de explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, marcada por la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Su investigación se encuadra en la instrucción de la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude formulada por la empresa Emerita España tras concurrir sin éxito al concurso, alegando que su oferta era económicamente superior a la de Minorbis, respaldada por Grupo México y ganadora finalmente del procedimiento.

Precisamente por eso, el juicio se dirige contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto y diferentes funcionarios de la Junta, miembros de la comisión técnica o la mesa de contratación del citado concurso y dos hermanos directivos de Magtel.

"APARENTES INCONGRUENCIAS Y ANOMALÍAS"

En este marco, este investigador de la UDEF ha ratificado los términos de su informe, según el cual a la hora de analizar las "valoraciones" de los funcionarios con relación a las dos ofertas en liza por los derechos de explotación de la mina, la de Emerita España y la de Minorbis-Grupo México, fueron detectadas diferentes y "aparentes incongruencias, anomalías o discrepancias", que despertaron la "sorpresa" o "atención" de los agentes, algunas de ellas "poderosamente".

Por ejemplo, ha detallado que los investigadores detectaron que había sido "más valorada" la segunda oferta en inversión por cuadrícula minera que la primera merced a una "subdivisión" de las mismas por criterios de localización; avisando con relación a los compromisos del proyecto técnico de Minorbis de que "el vertido cero no existe".

Otro aspecto señalado en el informe, como ha recordado, era la propuesta de Minorbis para un "acceso a la zona del depósito minero" que según ha indicado, presentaría una "problemática" al propiciar una posible "inundación" por la incidencia del agua, que según ha enfatizado, derivaría en "la muerte de todos los mineros" que trabajasen en ese entorno; extremo derivado a su vez del estado de la zona por las labores acometidas durante la etapa de Boliden-Apirsa.

En todos los casos, según ha puntualizado, el informe incorpora además las "explicaciones literales" trasladadas por los funcionarios de la Junta respecto a dichas "aparentes discrepancias", extremo que ha repetido varias veces.

CONSULTA A UN INGENIERO CON PROBLEMAS JUDICIALES

También en ese mismo ámbito, ha remarcado que a los agentes les "llamó poderosamente la atención" las referencias a las aportaciones de agua incluidas en el proyecto de Minorbis, porque tras consultar con un "ingeniero técnico especialista" que había participado en el proyecto minero de Río Tinto (Huelva), este habría puesto de relieve que dicho proyecto incluía "cálculos incorrectos" y la advertencia de la imposibilidad de "reciclar" el agua.

En ese marco, este mando de la UDEF ha discutido con las defensas de los acusados sobre el papel de dicho ingeniero a cuenta de una condena sobre el mismo con relación al proyecto minero de Río Tinto.

Después de que las defensas le reprochasen además que el informe de la UDEF incluyese adjetivos calificativos tan severos como "absurdo o grotesco" en alusión a valoraciones realizadas por los técnicos de la Junta en el contexto del citado concurso público, este investigador ha explicado que algunos días los agentes estaban "más literalmente incorrectos" que otros; matizando que en ningún caso estas expresiones eran presentadas como "un sinónimo de robar".

"DESVIACIÓN GROTESCA"

Sí ha defendido expresamente la calificación que figura en el informe aludiendo a una "desviación grotesca del sentido de la valoración"; bajo la premisa de que tal es su consideración ante postulados que a su entender no responderían "a la lógica".

Sobre "muchos de los apartados" analizados en el procedimiento del concurso público, según ha agregado este investigador, los agentes de la UDEF no incluyeron "comentarios" al no detectar "nada aparentememte discrepante o irregular".

Recordemos al respecto que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias.