Verdades y mentiras sobre el Glifosato

Estudios científicos lo acusan de cancerígeno y otros lo desmienten. Unos lo apoyan por barato y otros lo condenan por fomentar la resistencia de las malas hierbas. ¿Hay que estar tranquilos o no?

La compra de Monsanto por parte de Bayer ha reavivado en las redes el debate en torno al glifosato, en stand by desde que la Comisión Europea decidiera no decidir y pasarle la pelota a la Agencia Química Europea (ECHA), quien tiene hasta finales de 2017 para pronunciarse sobre el herbicida. La fusión se ve, al menos desde medios económicos como el «The Wall Street Journal», como una manera de contrarrestar la rigidez de las nomas europeas y una forma de unir recursos, aunque la opinión pública recela ante la concentración de poder en el sector agroalimentario, ya que se calcula que juntos controlarán el 30 por ciento del negocio de semillas y productos químicos.

El glifosato «es una molécula que inhbe una enzima que sólo tienen las plantas y que les sirve para sintetizar un aminoácido esencial. Los animales tenemos que comer vegetales para tener estos aminoácidos. El glifosato al inhibir esa enzima provoca la muerte de la planta», explica José Miguel Mulet, profesor e investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC. Se hizo popular gracias a Monsanto y su herbicida Round up para acabar con las malas hierbas pero «desde que perdió la patente en 2000 el precio ha bajado mucho, ya que las principales marcas comerciales empezaron a producirlo», apunta Pedro Gallardo, tercera generación de una familia que se dedica al cultivo. Su tierra de Cádiz produce girasol, trigo duro y «con la reforma de la PAC, que exige la diversificación de cultivos, tenemos un tercer campo de habas», explica. En sus campos se utiliza glifosato desde siempre, incluso en los años 90 cuando un litro costaba 5.000 pesetas (30 euros). La competencia ha bajado el precio hasta los dos euros por litro, haciendo del glifosato el producto estrella en el campo de los herbicidas, tanto que se usa desde la producción extensiva de cereales hasta agricultura hortofrutícola y para limpiar de malas hierbas parques y jardines públicos y arcenes de carreteras.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace tiene bajo su punto de mira a las productoras de glifosato –sólo en España hay 90 productos de 22 empresas distintas, según datos de la Asociación Empresarial para la Protección de Plantas–, aunque de manera especial a Monsanto desde que «la empresa cerró el paquete completo con el desarrollo de la primera semilla transgénica de soja resistente al glifosato en 1996, (como es resistente cuando se rocía el glifosato las malas hierbas mueren sin afectar al cultivo modificado). Desde entonces se comercializan en el mundo semillas transgénicas resistentes a este herbicida, aunque la cuestión es que la promesa de Monsanto cuando apareció este primer transgénico resistente al glifosato fue que el uso de herbicidas disminuiría. Sin embargo ha aumentado y no sólo para transgénicos. En Europa se han detectado doce cultivos no OMG en los que las malas hierbas se han hecho resistentes. No es que Monsanto sea el único productor pero sí es el más influyente del sector», matiza Luis Ferrairim, portavoz de Greenpeace. A este respecto hace unos días salía el último estudio sobre resistencia a herbicidas en la revista «Science Advanced» que indicaba que se ha verificado un aumento del uso de herbicidas hasta un 28 por ciento en los cultivos de soja genéticamente modificados y resistentes al glifosato, según su autor Federico Ciliberto.

Sin embargo, los agricultores creen justo lo contrario, que el glifosato reduce la cantidad de fitosanitarios que se necesitan en el campo. Conviene recordar que en Europa sólo existe un cultivo transgénico, el maíz MON 810 (España es el principal productor), frente a los 40 que hay en Estados Unidos, y que este cultivo transgénico sólo es resistente a los insecticidas. Aunque, como se decía, el glifosato es común a todo tipo de cultivo. «El glifosato tiene tres ventajas: su disponibilidad, que es barato y que elimina todas las malas hierbas. Además, es esencial para garantizar el cultivo de mínimo laboreo o siembre directa. Gracias a este método (abres un surco, metes la semilla y vas cerrando) se evita remover la tierra antes de la siembra. Y aquí el único herbicida con el que se puede hacer esto, porque lo mata todo, es el glifosato. Este método reduce los costes del tractor, porque un tractor con herbicida puede trabajar hasta 50 hectáreas al día, mientras con la grada (la herramienta que se usa para mover la tierra) el máximo es unas 20 hectáreas. El consumo de gasoil del tractor sería mucho mayor. Además, con la grada no se puede acceder siempre al campo, por ejemplo si llueve mucho. Cuando se siembra hay que asegurarse de que las malas hierbas no compiten con los cultivos. Si no usamos glifosatos hay que utilizar más fitosanitarios, que además tienen costes más altos. Habría que añadir en más momentos del año herbicidas para malas hierbas de hoja a punta, que cuestan 50 euros por hectárea; luego están los de hoja ancha, que están entre 15 y 25 euros, etc.», explica Gallardo.

¿Cancerígeno?

La preocupación en Europa (que no está tan expuesta a los OGM) se intensifica en 2015 cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer –un organismo intergubernamental que forma parte de la Organización Mundial de la Salud–, introduce este herbicida en el grupo 2A de sustancias probablemente cancerígenas (cuando se lanzó la alarma de la carne se incluyeron en el grupo 1, el más peligroso, las salchichas. «Es seguramente más cancerígeno trabajar en una peluquería. El glifosato es una molécula que se degrada en poco tiempo», afirma Mulet.

La Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europa (EFSA) emitió su propio parecer a finales de 2015 indicando que es poco probable que el glifosato produzca cáncer. Y en primavera de este mismo año un panel de expertos en residuos de pesticidas coordinados por la OMS (la misma que en 2015) y la FAO, el Joint Meeting Pesticide Residues, publicaba un nuevo informe en el que declara poco probable que el glifosato pueda provocar cáncer. Y así se llega a la decisión de la Comisión Europea de extender la autorización del glifosato hasta el 31 de diciembre de 2017, mientras la ECHA se queda la responsabilidad de pronunciarse acerca del glifosato, debido a la división entre países, que no han logrado ponerse de acuerdo. «No se trata de hacer estudios a favor o en contra sino que como cualquier otra sustancia activa empleada en protección vegetal, tanto sintético como natural, está sujeta a una regulación para garantizar que los usos autorizados son seguros. Los PF son equivalentes a los medicamentos», explica Emilio Gil, profesor de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Las organizaciones ecologistas piden que se aplique el principio de precaución, mientras la IARC no cambie su parecer. «Se debería tener en cuenta su criterio puesto que son los especialistas en la materia. Ya que no hay conclusiones definitivas –la EFSA dice una cosa basándose en estudios alemanes y Francia la contraria–, se debe aplicar la precaución. Confiamos en que se tome una decisión que haga prevalecer la protección de la ciudadanía frente a los intereses de la industria», explica Ferrairim.

Mientras, los agricultores europeos, unidos en el Comité de Organizaciones Agrarias y de Cooperativas Europeas (Copa-Cogeca), consideran que el glifosato es indispensable para mantener la producción actual, un sistema que se sustenta en la cantidad, el precio y la sosteniblidad. Hay que tener en cuenta el precio actual del glifosato y el precio de las cosechas. «En el año 83, una tonelada de trigo se vendía a 125 euros. El precio actual es de 150 euros. Antes se podía pagar el glifosato a ese precio tan alto porque la cosecha lo valía. Productos como el pan se han encarecido junto al IPC y el precio del producto en el campo no ha crecido igual. Eso es porque hay nuevos productores como Argentina o Brasil. Además, los costes de producción, como los sueldos, y los niveles de exigencia de las normativas de la UE no son los mismos», dice Gallardo. Las organizaciones agrarias creen que el criterio de la EFSA que es el organismo público europeo, y quien ha dado su visto bueno, debería prevalecer. Si el producto se prohibe dentro de un año, algo que los agricultores no terminan de ver, el consumidor tendrá que estar preparado para asumir el coste.

Por último, el sector cree que la fusión no influirá en el glifosato. Desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, Ignacio López, director de Relaciones Internacionales opina en este sentido, aunque sin saber si tendrá otras consecuencias para el campo: «si la capacidad de decisión de los agricultores merma no será una buena noticia».

¿Hay alternativa?

- La UE ha indicado que los Estados deberán atender especialmente a los riesgos derivados del uso de glifosato en zonas y jardines públicos, áreas infantiles y centros de salud, pero sin obligación. De hecho, países como Francia e Italia lo han prohibido, mientras que en España entre 100 y 200 ayuntamientos, según cálculos de Greenpeace, han optado por dejar de usarlo. Algunos como el Ayuntamiento de Castellón propone utilizar ácido acético, aunque también se puede recurrir a la retirada manual, contratando personal para ello . «Existen alternativas pero no son tan efectivas, son más caras, por la necesidad de realizar más tratamientos y, paradójicamente, en ciertos casos con peor perfil toxicológico. Se pueden también utilizar, también, medios mecánicos para tratar las malas hierbas, ya sea mecánica o manualmente. Estos métodos suponen un mayor coste económico y peores resultados», opinan en Aepla.

- Para el sector agrícola, algo más complejo que las zonas públicas de una ciudad, organizaciones como el Partido Verde Europeo creen que en Europa más allá de la prohibición de un producto x hay que fomentar un modelo de agricultura sostenible menos dependientes de productos químicos. «El problema es el margen de beneficio, ya que una gran parte del gasto de los agricultores es para pesticidas. Se pueden potenciar técnicas como la rotación de cultivos o los controles integrados de plagas, donde se usan predadores antes que pesticidas», opinan en Greenpeace.