Tras el anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de intentar revertir la concesión que mantiene la aseguradora DKV en la sociedad de Marina Salud, en concreto con su participación en el Hospital de Denia, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) muestra su preocupación e inquietud ante este tipo de iniciativas, ya que generan inseguridad jurídica, imprevisibilidad e incertidumbre para el adecuado desarrollo de las iniciativas acordadas. Esto se da, una vez demostrada que la gestión del hospital está bien considerada y calificada, incluso desde la administración valenciana, por lo que no puede resultar válida la excusa de la existencia de evidencias de que el sistema de privatización de la gestión sea productivo.

Fuentes de DKV manifiestan su deseo de continuar hasta el fin de la concesión, «pero estamos abiertos a otras opciones y escucharemos todas las propuestas». Así, sobre el anuncio de Puig, de intentar revertir la concesión que mantiene la aseguradora por la vía de comprarles el 65% del accionariado de Marina Salud, DKV advierte que hay que tener en cuenta «dos puntos del contrato que no sabemos si él conoce. En primer lugar, no es necesaria ninguna autorización administrativa para que un socio venda a otro su participación (sólo hay que remitirse a las operaciones similares que anteriores ha llevado a cabo Ribera Salud en Torrevieja y Alzira, y que han sido respaldadas por dictamen jurídico). En segundo lugar, el socio minoritario (Ribera Salud) tendría derecho a acogerse a la misma oferta que la Generalitat haga al mayoritario, por lo que podría ocurrir que tuvieran que hacerse con el 100% del accionariado».

En este sentido, desde el IDIS manifiestan que estas actuaciones sólo sirven para generar dudas sobre el modelo de atención sanitaria basado en las concesiones, Modelo Alzira, vigente en esa comunidad desde 1999, y que ha demostrado eficiencia, reducción de las listas de espera y ahorro en el presupuesto. Además, las empresas privadas son las que asumen los riesgos de la creación y el mantenimiento de la infraestructura, cumpliendo con los objetivos establecidos y garantizando los servicios de máxima calidad que exigen las administraciones públicas y manteniendo los principios de gratuidad y universalidad.

Las virtudes de este modelo han sido analizadas en estudios ajenos al sistema sanitario español. Así, un trabajo de investigación multinacional desarrollado por la Universidad de Berkeley (EE UU), que ha analizado diferentes modelos de concesiones a nivel internacional, ha obtenido una conclusión clara: este sistema de gestión aporta eficiencia y ahorra dinero al sistema sanitario público, reduciendo el gasto per cápita en el entorno del 25%. Además, el mismo informe ha destacado que el modelo permite reducir las listas de espera de 39 a 20 días en primeras visitas y de 57 a 40 en intervenciones quirúrgicas. El porcentaje asignado a gastos operativos sensiblemente inferior y la estancia media de un paciente ingresado en este modelo también más ajustada, contribuyen a generar el ahorro que se le atribuye.

El IDIS asegura que la asunción de los costes financieros de la reversión de las concesiones en el escenario actual en nuestro país es, además de inviable, claramente innecesaria, «máxime si tenemos en cuenta los positivos resultados en términos económicos y de calidad asistencial obtenidos con estos modelos».