Los padres del Dionisia Plaza piden a Sanidad que evite su cierre

Exigen el cese de las altas arbitrarias y denuncian que, aunque en las condiciones del concierto no pone nada al respecto, sólo dejan permanecer a los niños un máximo de 2 años

Criar un hijo es una tarea ardua de por sí. Pero si, además, la fortuna ha querido que ese hijo tenga algún tipo de problema neurológico o psiquiátrico, sacarlo adelante requiere de mucha más dedicación, tiempo y esfuerzo por parte de sus progenitores que en el caso de un niño «normal». Lo saben bien los padres de los niños que acuden cada día al centro de rehabilitación médico psicopedagógico Dionisia Plaza de Madrid, el único de estas características en la comunidad. A los problemas que acarrean en su día a día ahora se le suma la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el centro concertado en el que atienden a sus hijos.

Porque, si la postura de la Consejería de Sanidad no cambia en los próximos meses los días del Dionisia Plaza podrían estar contados. El problema surge por el incumplimiento del concierto por parte de la Comunidad, que no estaría derivando niños al centro. De no producirse nuevas incorporaciones, y si se siguen dando altas prematuras, éste se verá obligado a echar el cierre posiblemente este mes de julio cuando 50 alumnos de 14 años abandonen el centro por su edad.

Pero están acostumbrados a movilizarse. Incluso a crear asociaciones o a formar parte de ellas ya que muchos de estos chicos sufren alguna de las llamadas enfermedades raras, y para conseguir mejores tratamientos o, simplemente un diagnóstico, sus padres han tenido que dar muchas vueltas y pelear mucho. Por eso ahora no están dispuestos a rendirse fácilmente. Y, para mostrar su indignación y desacuerdo con la política de la Consejería de Sanidad, han formado la Plataforma de Familias del Dionisia Plaza, integrada por casi un centenar de padres cuya principal reclamación es que el Comité de Evaluación –que es el órgano que autoriza y deniega los ingresos– «tome en cuenta los informes que hacen los profesionales que trabajan con los chicos y a sus médicos de referencia. Y que el Sermas mande niños al centro», señala Belén González, representante de la plataforma. Así de simple.

Hasta en dos ocasiones les han recibido el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, y el director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria, César Pascual; y una las viceconsejeras de Educación Cristina Álvarez y Mª José García-Patrón Alcázar. En estas reuniones, «han escuchado nuestros argumentos, pero las soluciones que se nos han propuesto son insuficientes», dicen en un comunicado.

«Tras la segunda reunión con Sanidad entendemos que nos están tomando el pelo, porque nos transmiten que van a tener en cuenta a los médicos derivantes y su valoración de los chavales, pero siguen dando altas y sin ver a los niños –continúa Carmen García Magán, otra representante de la Plataforma–. Nos dieron muy buenas palabras pero vemos que siguen en la misma tesitura y los padres están asustados».

Prueba de sus palabras es que desde entonces, ese Comité ha dado el alta «de forma arbitraria» a 15 niños que según sus médicos especialistas aún no están rehabilitados, cuando apenas llevan dos años en el centro. «¿Por qué oscura razón todos estos niños con afecciones neurológicas crónicas se consideran rehabilitados en solo dos años?», dicen en el comunicado. «¡Con lo que a estos niños les cuesta integrarse en un centro nuevo, cuando apenas están empezando a verse resultados, los vuelven a dejar en la calle!».

La temporalidad

Y ese es el otro quid de la cuestión: el tope de los dos años de estancia. «En la primera reunión que tuvimos con la viceconsejería de Sanidad nos dijeron que las altas se daban porque los chicos no podían estar más de dos años en el centro y que después tienen que volver al centro anterior. Pero eso no viene especificado en los pliegos de condiciones ni en ningún sitio que la temporalidad máxima tenga que ser de dos años», asegura González, cuyo hijo es uno de los niños a los que el próximo mes de junio darán el alta. «No nos negamos a que los reintegren, pero en su justa medida», añade García Magán, avisada de que en enero de 2018 su hija debe abandonar el centro. Ambos cuando cumplen, justo, dos años en el Dionisia Plaza.

Por eso creen que se está primando el criterio económico a corto plazo, «de forma injusta, puesto que se está privando a nuestros niños de los recursos sanitarios y educativos que por sus patologías necesitan, y ciega, pues la inversión durante estos años cruciales ahorrará a la sociedad el gasto de toda una vida de dependencia si no son correctamente rehabilitados».

UN CENTRO SIN ALTERNATIVAS

El problema, de cerrarse el centro es que estos chicos están en tierra de nadie: no son de educación especial, pero tampoco de la ordinaria. Y no tienen ninguna alternativa más allá del Dionisia Plaza. De hecho, asegura García Magán, «en algunos colegios te invitan a marcharte porque no están capacitados para atender a estos niños».

«Como familias hemos elegido solicitar el ingreso de los niños en el Centro Dionisia Plaza porque por experiencia conocemos las situaciones que han sufrido nuestros hijos en los centros ordinarios, y la desaparición de un centro como éste supondría para nosotros la frustración de ver cómo niños que pueden aprender a adaptarse a su entorno social mediante una rehabilitación adecuada se ven condenados de nuevo a la incomprensión, la marginación, la aniquilación de su autoestima y finalmente el fracaso social, profesional, emocional y personal».