La instalación de una valla publicitaria de VOX junto al campo municipal de fútbol de Sant Antoni de Portmany ha desatado una fuerte polémica en Ibiza.

La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) ha pedido de forma inmediata al alcalde, Marcos Serra (PP), que ordene su retirada por considerar que transmite un mensaje “xenófobo y racista” contrario a la convivencia.

El cartel se ubica en una de las paredes laterales del campo de fútbol, frente a una parada de taxis y a escasos metros de la Estación de Autobuses, un punto de gran tránsito de familias, niños y jóvenes.

“Nuestra condena es absoluta”, han afirmado los socialistas, que sostienen que la presencia de este tipo de mensajes en espacios públicos y deportivos “es un ataque directo a la cohesión social”.

En manos de la Fiscalía

La Delegación del Gobierno en Baleares ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía, dado que la campaña publicitaria -desplegada por VOX en diferentes municipios de las islas- podría encajar en la tipificación de delito de odio. La investigación determinará si el mensaje de la valla traspasa la frontera de la libertad de expresión para convertirse en una incitación a la discriminación.

El Grupo Socialista en Sant Antoni ha instado no solo al alcalde, sino también a los dirigentes del PP en la isla, José Vicente Marí Bosó y Vicent Marí, a posicionarse públicamente contra este tipo de campañas.

“El silencio o la inacción equivalen a complicidad”, advierten los socialistas, que exigen al Partido Popular romper con los discursos de sus socios de gobierno.

Debate en el Senado

La polémica ha llegado incluso al Senado, donde el socialista ibicenco Juanjo Ferrer ha denunciado esta semana los discursos que “criminalizan” a las personas migrantes y que, en su opinión, dificultan cualquier posibilidad de integración.

Ferrer comparó los carteles de VOX con propaganda nazi de los años 30 y los calificó de “discursos del fascismo”, alertando de que “las derechas liberales se acercan a estas narrativas para no perder rédito electoral”.

El senador recordó además que, en Baleares, el verdadero problema no radica en la llegada de pateras sino en el impacto de los nómadas digitales y la compra de segundas residencias, que han disparado los precios de la vivienda.

Según datos oficiales, en 2024 un 32,4 % de las compraventas inmobiliarias en el archipiélago fueron a extranjeros. Ferrer reclamó limitar temporalmente la venta de vivienda a no residentes, medida que ya está en debate en otros territorios europeos con fuerte presión inmobiliaria.

Migración y mercado laboral

En paralelo, Ferrer celebró la reciente aprobación de la emergencia migratoria en Baleares, que destina 6,75 millones de euros a la atención inmediata. El senador defendió que la mano de obra extranjera “aporta más de lo que cuesta” y que sectores clave de las islas como la agricultura, la construcción o los cuidados “dependen directamente de trabajadores migrantes”.

La FSE-PSOE también ha planteado que todos los ayuntamientos de Ibiza revisen sus ordenanzas de publicidad exterior, para impedir la difusión de mensajes de odio en espacios visibles y de uso público. Consideran que esta revisión es esencial para garantizar los derechos y libertades de toda la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables.

El caso de la valla de VOX en Sant Antoni se ha convertido en un nuevo capítulo del choque político y social en torno a la inmigración en Baleares, un debate que mezcla la gestión de la llegada de pateras, la integración de los migrantes y el encaje del turismo y la inversión extranjera en un territorio con una presión demográfica creciente.