
Generalitat
Así será la nueva ley del taxi en Cataluña: catalán obligatorio, malestar entre los VTC y regulación de limusinas
La propuesta del ejecutivo catalán supondría la desaparición progresiva del sector en el territorio

El pasado martes, la Generalitat de Cataluña presentó al Consell del Taxi el proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que el Govern liderado por Salvador Illa está preparando. Concretamente, la nueva norma comportaría la desaparición de 600 de los cerca de 1.000 vehículos de transporte de conductor (VTC) con licencia urbana en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), lo que ha generado malestar en los VTC.
En este sentido, el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha afirmado que el sector "no se dejará matar", después de conocer la propuesta del Govern que supondría la desaparición progresiva de los VTC en el territorio. En un encuentro con los medios, Berzal ha puesto sobre la mesa el compromiso del sector de implementar flotas con etiqueta medioambiental Cero emisiones, poder reservar viajes compartidos con otros usuarios mediante taxis y VTC, y la eliminación de trabas como mínimos de longitud del recorrido y tiempo de espera.
"No nos vamos a dejar matar: tenemos la mano tendida con la Administración, pero no permitiremos este atropello y abuso de poder por parte de Territorio, rehén del sector del taxi, y esta traición a los ciudadanos", ha destacado Berzal.
En cuanto a las consecuencias que tendría la aprobación de la norma, el presidente ejecutivo de Unauto VTC ha asegurado que tendría un coste estimado de 325 millones de euros, incluyendo la pérdida de unos 6.000 empleos directos e indirectos. Afirmó que, si trabajaran con normalidad las más de 3.700 licencias que hay ahora mismo en Cataluña de VTC (ahora mismo solo operan unas 2.500), habría un potencial económico de 445 millones para el territorio y de creación de 10.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
Asimismo, Berzal añadió que, si sale adelante la ley, se dejarían de dar 126 millones de euros en salarios y que, por contra, se deberían pagar 55 millones en prestaciones por desempleo.
La nueva ley del taxi
El proyecto de ley propuesto por el Govern tiene un plazo de entrada en vigor aproximado de finales de 2026, y pretende establecer funciones a cada tipo de servicio.
La apuesta del Govern es fomentar el transporte público, aunque en el caso de que los criterios medioambientales se cumplan y haya una necesidad de ampliar la demanda de vehículos de transporte, la prioridad sería ofrecer más licencias de taxi al considerarlo un complemento del transporte público. Por contra, acabaría con más de la mitad de los VTC con licencia urbana que operan en el AMB.
El proyecto de ley también contempla exigir un requisito mínimo de catalán para los taxistas, que por ahora será del nivel B1. Sin embargo, Plataforma per la Llengua ya expresó a través de un comunicado que defenderá, a través de enmiendas, que se exija la acreditación de un nivel B2 para obtener la credencial de taxista.
La Generalitat divide en cuatro tipologías los distintos vehículos que, en caso de prosperar el texto, deberían someterse a la nueva normativa. El primero de ellos es el taxi, que debería asumir obligaciones de acceso al servicio en condiciones de igualdad, no discriminación, calidad y seguridad, asegurar la prestación del servicio independientemente de su recorrido, no rechazar el servicio excepto por motivos justificados, establecimiento de sistemas digitales de control y obligatoriedad de prestación del servicio en casos de emergencia.
El segundo compete al sector de los VTC, a los que se les prohíbe captar clientes en la vía pública, y se les obligará una precontratación mínima de 10 minutos Además, se le aplicará limitaciones de flota.
Un caso similar es el de los vehículos de Alta Disposición, también con un régimen tarifario libre no intervenido y obligaciones de una antelación de la contratación de dos horas, de estar a disposición del usuario durante un mínimo de una hora y la prohibición de captar clientes en la vía pública.
Por último, las limusinas, actualmente sin un marco legal claro, tendrían un régimen tarifario libre no intervenido y la responsabilidad de una antelación en la contratación de 12 horas, de estar a disposición del usuario durante un mínimo de una hora y deben tener unas determinadas dimensiones.
Y en eventos singulares con un aumento coyuntural de la demanda, como el Mobile World Congress, se permitirá a vehículos amparados en autorizaciones interurbanas de VTC domiciliadas en Catalunya u otras comunidades autónomas a realizar temporalmente servicios con origen en su territorio o en determinados puntos de este.
Esta excepción incluye, en su caso, aquellos que tengan origen y destinación en el ámbito urbano.
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