Diputaciones y servicios financieros

Uno de los debates recurrentes en nuestro ordenamiento territorial es el del papel que juegan en él las diputaciones provinciales. Creadas en 1836, su función es la de asegurar la prestación de los servicios de competencia municipal en todo el territorio de la provincia y participar en la coordinación de los municipios con la comunidad autónoma y el estado, o lo que es lo mismo, prestando su ayuda a aquellos ayuntamientos que por tamaño o falta de recursos no pueden ofrecer a los vecinos los servicios que les corresponden, desde la gestión de residuos o acometidas de agua potable, pasando por las gestiones de carácter más administrativo como la recaudación y gestión de tributos o prestando figuras esenciales para el buen funcionamiento de un consistorio como la labor de secretariado municipal o de intervención de las finanzas públicas.

En el caso de mi provincia, Lleida, con un territorio amplísimo en extensión y núcleos poblacionales pequeños y dispersos entre sí, la labor se extiende además a gestionar acondicionamientos de carreteras, inversiones en dispensarios médicos o ayudas al deporte y a la cultura. El quid de la cuestión radica, como siempre, en el reparto de competencias, y a qué debe destinar sus esfuerzos económicos cada administración. En el caso de nuestra diputación es sistemático el empleo de fondos en inversiones en hospitales o en transporte y alimentación escolar. Y es evidente que no se puede cuestionar que los ciudadanos tengan garantizados los mejores servicios posibles, lo mejor gestionados posible. El problema es que la competencia de estos asuntos es autonómica, es decir, de la Generalitat de Cataluña. Pero como ésta está prácticamente en quiebra gracias a la fabulosa gestión de en estos momentos el gobierno de Junts pel Si y sus aliados de la CUP, pues hace omisión de funciones y es la diputación la que se hace cargo. A la práctica, eso quiere decir que la Generalitat se capitaliza gracias a la descapitalización de la Diputación de Lleida. Así, tenemos ejemplos tan sangrantes como que en junio, esta Diputación, le prestó a la Generalitat casi dieciséis millones de euros para financiación de municipios... Es decir, ese dineral que la Generalitat debía a los pequeños ayuntamientos y que no tiene, lo paga directamente la Diputación, que sí que lo tiene, y a 31 de diciembre lo recupera, bien porque la Generalitat ya disponga de solvencia, bien con compensaciones de deuda, tú me debes tanto yo a ti esto otro, restamos y queda arreglado...

Y evidentemente, a ver quién se niega a darles a los pequeños municipios las cantidades que necesitan para su correcto funcionamiento por unos escrúpulos competenciales.

Así, el debate, desde mi punto de vista, debería ser por un lado la mejora de la financiación municipal, y por el otro la asunción de responsabilidades de cada administración con sus finanzas, competencias y servicios. Y zanjar por fin estos cambalaches entre administraciones gobernadas, oh sorpresa, por el mismo partido político... Si, ése: el de las sedes embargadas.