La situación de nuestros bancos, después del rescate

Según el Tribunal de Cuentas, el rescate con dinero público al sector financiero español ha sido de 60.718 millones de euros. Recursos que serán difíciles de recuperar y que por lo tanto serán sufragados por todos los contribuyentes.

Las entidades financieras rescatadas, Bankia, Catalunya Caixa, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) o Novagalicia, fueron mal gestionadas por sus dirigentes. Sin embargo, el coste de esa mala gestión lo pagamos todos. No es nuevo que al frente de esas entidades estaban consejeros sin capacidad ni conocimientos técnicos adecuados para tomar acertadas decisiones. Asumieron riesgos inmobiliarios sin valorar sus costes. Ahora que la justicia está actuando, esos mismos directivos, que en su momento se sintieron capacitados para dirigir las entidades alegan desconocimiento y carencias técnicas en su defensa, aplicando la “doctrina de la Infanta”.

El saqueo y quiebra de las cajas de ahorros no apareció en 2009 de la nada. El regulador bancario permitió que entre 1996 y 2007 el crédito aumentase desde el 70% del PIB aproximadamente al 180% del PIB, generando una hipertrofia del crédito. Crédito que además se concentraba en el sector inmobiliario. Y que con el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó una crisis de nuestro sistema financiero.

Ahora que están en marcha los procesos judiciales para depurar responsabilidades por la quiebra de las cajas de ahorros, habría que investigar también quién facilitó el saqueo desde el poder político, nombrando presidentes y consejeros que eran analfabetos financieros incapaces de tomar decisiones acertadas respecto a los riesgos que debe asumir una entidad financiera, por no entender los informes técnicos que les enviaban las unidades de valoración de riesgos de las entidades. Conductas que, al producirse en un sector de interés general, condicionan además la actividad económica del resto de empresas y han tenido unas graves consecuencias en la crisis económica, con efectos sobre el empleo y el empobrecimiento de la población.

La estimación del coste del rescate no puede considerarse definitiva, mientras que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración. Por el momento el esfuerzo del Estado ha sido considerable ya que los recursos públicos comprometidos, si se incluyen además de las ayudas directas, los avales, ascienden a 122.122 millones de euros.

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) está examinando de nuevo a la banca española, como viene haciendo cada lustro en aquellos países cuyos sistemas financieros se consideran sistémicos. Esta vez coincide con los problemas de rentabilidad de las entidades, la reforma de los organismos supervisores, los juicios al saqueo de las entidades y el debate abierto sobre el papel que desempeñó el Banco de España durante la crisis.

Es cierto que esta evaluación de 2017 tendrá lugar en un contexto muy diferente a 2012, cuando España abordó una decisiva y ambiciosa reforma financiera. Sin embargo se verá cómo se está ajustando el sector financiero a un contexto de cambios muy rápidos y cuáles son las conexiones transfronterizas de los bancos y los flujos financieros en general.

El sistema financiero español ha ganado fortaleza, pero aún no ha dejado atrás totalmente el legado de la crisis. La situación de la banca no está exenta de dificultades. Todavía queda el legado de activos improductivos de la crisis que lastran sus resultados; la baja rentabilidad del sector por los bajos tipos; y unas estructuras muy grandes en un entorno de alta competencia procedente de las nuevas tecnologías y la mayor carga regulatoria con más requisitos de capital. Hay además nuevos riesgos, como el derivado de las concesiones para construir autopistas, o los relativos a la emisión de acciones preferentes, a la formalización de hipotecas con cláusulas suelo o a los gastos derivados de la formalización de las hipotecas. Que sin duda afectarán a las cuentas de resultados de las entidades y a su posición de solvencia.

Ante este panorama urgen mejoras en los organismos supervisores (BCE, Banco de España y CNMV), creación de una agencia de protección del consumidor financiero, establecer una autoridad que vigile los riesgos de burbujas, para prevenir posibles futuros rescates bancarios que pagamos todos, y sobre todo, poner en marcha un nuevo mecanismo de selección de los altos cargos de las entidades para lograr un buen gobierno corporativo de las mismas.