El arte del engaño

La capacidad de diálogo e interacción de los políticos con los ciudadanos es una virtud que nos permite estar al día de las inquietudes y desvelos de la sociedad y contribuye a cimentar una relación basada en el progreso. Esa misma relación, por contra, puede ser utilizada en ocasiones con fines diversos que no tienen por objeto el bien común.

Es en esta esfera donde se presenta el engaño, ese que tanto daño hace a la reputación de los responsables públicos. Y es aquí donde contemplamos con estupor cómo aquellos que aseguraban que si llegaban al poder actuarían de forma ejemplar lo hacen de la forma más alejada a ese concepto.

La lucha contra la corrupción ha sido uno de los mayores empeños del actual Gobierno de Mariano Rajoy que ha avanzado en la legislación para dificultar la comisión de actos impropios por parte de aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas. Otros partidos políticos han visto en esta cuestión, sin embargo, un arma arrojadiza para desgastar al adversario.

Situar en qué momento procesal debe dimitir un responsable político ha sido tarea imposible por esos intereses partidistas. Al PP le han exigido dimisiones de políticos que no estaban ni siquiera imputados formalmente. Y esa exigencia ha ido de la mano del discurso populista de Podemos y Compromís, acompañados por el PSOE en no pocas ocasiones.

Ahora que gobiernan en la Comunidad Valenciana esas líneas rojas que fijaban para los rivales son incapaces de aplicárselas ellos mismos. En apenas dos años y medio hemos visto como los tribunales empiezan a cuestionar abiertamente la política de fraccionamiento de contratos que practican los integrantes del Pacto del Botánico que gobierna en la Generalitat y en ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

Es el caso del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que está procesado por los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones por el fraccionamiento de diferentes contratos hechos por la Concejalía de Comercio en 2016. Además, la Fiscalía Provincial también pide el procesamiento de Echávarri por despedir “con una decisión arbitraria” a la cuñada del portavoz del PP en el ayuntamiento alicantino.

¿Cuál ha sido la reacción del líder de los socialistas valencianos y presidente autonómico, Ximo Puig? Mirar hacia otro lado. Lejos de reconocer la situación insostenible del alcalde se ha limitado a decir que puede que haya habido “prácticas no correctas” de Echávarri. Y lo fía todo a la notificación de la apertura de juicio oral. Han movido las líneas rojas, la exigencia con el contrincante ya no es válida si se trata de un socialista.

Con esa actitud es difícil mantener el tipo y decir que realmente se busca la ejemplaridad en la actuación de los responsables públicos sino que se evidencia que ese discurso fue solo un engaño más para acceder al poder y una vez en él desecharlo. Tampoco el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, opinan siquiera sobre la imputación por fraccionamiento de contratos del concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento, Pere Fuset. Y mantienen el mismo silencio sepulcral sobre la misma denuncia que pesa sobre el diputado provincial de Cultura, Xavi Rius. Fraccionar contratos es una práctica extendida por el Botánico y que la propia Oltra parece bendecir en su área en el Gobierno valenciano, así como Vicent Marzá en el área educativa.

Todos ellos son de Compromís. Y a decir de su reacción ante las dudas, cuando no decisiones de los tribunales, se diría que la ética ha quedado en el baúl de los recuerdos.

Viene a cuento recordar pues lo que el poeta libanés Vibrán Jalil escribía acerca de artimañas como la que nos ocupa. “El engaño tiene éxito a veces pero siempre termina por suicidarse porque la verdad es simple y triunfa por sí misma sin complicaciones”, nos decía. Y tenía razón. Aquí hemos podido comprobar que el tripartito se ha burlado de los ciudadanos.

Sería pues razonable que el debate sobre la corrupción se situara en el ámbito de la legislación y de la justicia para que cada vez sea más complicado que estas prácticas sigan produciéndose en las Administraciones. Desvestir ese diálogo de los prejuicios ideológicos es necesario para alcanzar puntos de acuerdo y situar el momento procesal en el que un responsable político debe dejar su cargo.

Todo lo demás es contribuir al populismo, al desprestigio de la clase política y al engaño masivo a los ciudadanos con el único objeto de acceder al poder. Estos asuntos requieren rigor y empeño de todos en la búsqueda de la transparencia porque los españoles merecen tener instituciones en las que confíen plenamente. Puig y Oltra han demostrado en estos últimos meses estar alejados de ese camino que sacrifican por proteger los intereses de partido. Y eso es perpetuar el arte del engaño.