Una policía gana la batalla a Marlaska después de tres años de silencio

"Vuelva usted mañana". El mítico artículo de Mariano José de Larra de 1833 cobra de nuevo a actualidad por la situación que ha tenido que sufrir una agente de la Policía Nacional. Tenia concedida una comisión de servicio a Mallorca para acompañar a su marido. Sin embargo, no se le puedo notificar a pesar de sus reiteradas solicitudes. Acabó teniendo que pedir una excedencia. Ahora, ha tenido tres años de batalla con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska para que se reconocieran los daños causados. Ha terminado ganando, según la sentencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El calvario de esta agente, que está destinada en la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, comenzó en julio de 2022 cuando emitió un escrito a la Dirección General de la Policía Nacional donde solicitaba una comisión de servicio por seis meses a las Islas Baleares por motivos de conciliación familiar y laboral. "Un lugar de escasez de policías donde parecía viable", explica esta funcionaria a este medio.

Así, el motivo era que su marido había sido destinado a Mallorca y necesitaba mudarse para compartir el cuidado de su hijo menor de tres años. En un primer momento se le negó su petición y volvió a presentar otra en el mes de agosto. Estuvo esperando y esperando una resolución. Tuvo que pedir una excedencia voluntaria para cuidar del menor en septiembre de ese año. Por casualidades del destino, después, en noviembre, se le notificó que había sido concedida la comisión de servicio cuando ya era demasiado tarde.

La pérdida de la comisión

"Nos supuso un gran perjuicio económico", lamentaba esta agente. Ya tenían organizado y planificado toda su vida con el cambio de colegio o el alquiler de la vivienda. Por esta razón, la agente presentó un escrito al área dependiente del Ministerio del Interior para que le se indemnizara económicamente por los 49 días que estuvo en situación de excedencia, cuando podría haber estado en servicio activo, con todos los derechos que ello supusiera, considerando que se había producido un funcionamiento anormal de la Administración.

El Ministerio del Interior no dictó resolución alguna transcurrido el plazo de seis meses desde que se presentó la reclamación. Se consideró que había sido desestimada por silencio administrativo. Esta circunstancia fue recurrida por la policía en un escrito que presentó el 5 de julio de 2023. El área de Fernando Grande-Marlaska tampoco entró sobre el mencionado recurso de reposición. Ante este silencio, la funcionario decidió elevar el asunto al contencioso-administrativo.

La demanda de la mujer, que fue realizada por los servicios jurídicos de Jupol, refiere que la funcionaria continuó en excedencia "por el único motivo de no haber sido notificada por la administración de la resolución sobre la comisión de servicio solicitada". "Ha supuesto una serie de consecuencias y perjuicios económicos sobre su persona, ya que la situación de excedencia por cuidado de menores supone el no ingresar importe alguno derivado de los haberes, cuando pudiera haberse evitado si la administración hubiera actuado de forma diligente notificando cuando correspondía y no meses después", critican.

La Abogacía del Estado se opuso a la demanda, alegando que no se daban los presupuestos para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial. Con todo ello, el magistrado Pablo Álvarez recuerda en la sentencia que la jurisprudencia ha señalado que, para apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración, es "imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido".

La indemnización a la policía

De esta forma, el juez incide en que el 10 de julio de 2024 el Ministerio del Interior emitió un expediente administrativo en el que reconocía que el "retraso" en la notificación de la comisión de servicio era "totalmente imputable a la Administración". "La propia Administración demandada, tal como se desprende del anterior informe, reconoce expresamente que ha habido un funcionamiento anormal que sólo le es imputable a la misma, por lo que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños reclamados, resta pronunciarnos sobre el alcance y cuantificación de tales daños", señala la sentencia.

Asimismo, como fueron 49 días los que esta policía estuvo "indebidamente" en situación de excedencia voluntaria cuando podría haber estado en situación de servicio activo en la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares, la indemnización que debe percibir asciende a un total de 4.831,75 euros. Además, también corresponde el abono de los correspondientes intereses legales calculados sobre dicha cantidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, da la razón a la policía y tendrá que percibir esta cantidad por parte de Interior. "Todo podría haber sido de otra manera y mucho más fácil si la concesión de la comisión se hubiera notificado en tiempo y forma", explica esta agente. Han sido tres años de no poder desconectar del tema. Una batalla en los tribunales.