El valor del 155

España se encamina a velocidad de vértigo hacia la escritura de una página de su historia que se recordará como un desafío enloquecido de los separatistas catalanes que pusieron en riesgo la integridad nacional y que crisparon y dividieron a la sociedad con argumentos falaces. El delirio del presidente autonómico de Cataluña, Carles Puigdemont, ha llegado al culmen y ha forzado a que la maquinaria democrática del Estado se ponga en marcha.

La asunción de que no hay posibilidad de revertir la intención de los separatistas de declarar Cataluña como una nación independiente ha llevado a la lógica decisión del Gobierno de España de aplicar el artículo 155 de la Constitución para preservar la unidad territorial y recuperar la normalidad democrática. La inusual, por inédita, utilización de este articulado de la Carta Magna exige la complicidad de todos los que están comprometidos con la convivencia democrática.

Y en esa coyuntura –que es compleja de digerir pero fácil de entender cuando se piensa en el bien superior que persigue– tanto el Partido Popular, como el PSOE y Ciudadanos, han concluido que la aplicación del artículo 155 es ineludible. Ese pacto democrático debe servir de certidumbre para los españoles, seguridad jurídica para quienes mueven con fuerza la rueda económica en nuestro país, garantía de la convivencia pacífica y también como aviso a populistas visionarios que saben que la fortaleza del Estado –por su legitimidad– es muy superior a la que exhiben los rupturistas.

En estas horas que vivimos con cierta ansiedad en espera, todavía, de una resolución positiva del conflicto provocado por los dirigentes autonómicos catalanes también asoman actitudes que deben servir a los ciudadanos para situar dónde está cada partido político. Es fácil de elegir entre democracia o anarquía y pese al incumplimiento de las leyes que emana de las actuaciones de Puigdemont algunos representantes públicos no fijan con claridad su postura.

En la Comunidad Valenciana vivimos la paradoja que supone que el PSOE blinde la actuación del Gobierno de España que encabeza Mariano Rajoy sin tibiezas, mientras que la federación socialista valenciana sí se pronuncia con matices. ¿Dónde está el presidente autonómico, Ximo Puig? Está atrapado. Cierto es que Puig avala la vuelta a la legalidad en Cataluña y la aplicación del artículo 155 “si no hay más remedio”, aunque juega con un lenguaje ambiguo en la búsqueda del diálogo aún a sabiendas de que no ha sido posible por mucho que se haya intentado.

Y el presidente regional se pronuncia con suavidad para no soliviantar a sus socios en el Gobierno regional: Compromís. Y también a quienes le prestan el apoyo desde las Cortes Valencianas: Podemos. Estos dos partidos se han colocado claramente en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. Presionan a Puig y le lanzan advertencias para que el senador socialista valenciano Joan Lerma (expresidente autonómico valenciano) vote en contra de ese artículo.

Los principales dirigentes de Compromís: Mónica Oltra –vicepresidenta de la Generalitat–, Enric Morera –presidente de las Cortes Valencianas– y Fran Ferri –portavoz de Compromís en la Cámara autonómica–, se han manifestado contundentemente en favor del denominado derecho a decidir de los catalanes sobre la unidad territorial de España. También el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, se sube a ese carro separatista con claridad.

Ximo Puig debe decidir sus compañeros de viaje una vez que ha comprobado cuáles son sus objetivos que no son otros que su espíritu nacionalista, en el caso de Compromís, y de ruptura del sistema del 78, en lo que se refiere a Podemos. Esos colaboradores que dieron a Puig la Presidencia de la Generalitat se han mostrado tal y como son y es evidente –como pasa a nivel nacional– que el PSOE debería estar con quienes quieren protagonizar la vida política con la democracia como guía ineludible.

El artículo 155 se ha demonizado como si no formara parte de la Carta Magna que garantiza la estabilidad jurídica, la protección ciudadana y la sociedad del bienestar. Lejos de ello, pese a que nunca ha sido necesario aplicarlo, se evidencia que su existencia nace del compromiso de garantizar la democracia. Ese es el valor real del 155, ser garante de los valores supremos del sistema político que emana de las decisiones del pueblo mediante su expresión en las urnas en procedimientos debidamente reglados.

Si Puigdemont no da marcha atrás –ojalá que aunque sea en el tiempo de descuento se decida a restaurar la legalidad– todos tenemos una responsabilidad. Ximo Puig debería gobernar a los valencianos con quienes respetan las normas y no con aquellos que se han mostrado como comparsas del separatismo. La Comunidad Valenciana no merece tener inestabilidad y este Gobierno autonómico no gestiona bien y, lo que es peor, está sumido en la aplicación de políticas encaminadas a repetir los errores que hoy han alumbrado una Cataluña dividida. Señor Puig, atrévase, rompa, y en esa nueva realidad democrática el PPCV estará a su lado.