Frenazo caprichoso al crecimiento

El corazón de las ciudades late al ritmo de su alta densidad de población atraída por el dinamismo de los comercios, los servicios y, en algunos casos, la industria que ofrece oportunidades de desarrollo vital a sus habitantes. Ese progreso que se configura en los espacios urbanos lleva aparejado también una ocupación elevada de las vías de transporte, viarias, ferroviarias y aéreas. La eficacia de la intermodalidad en los desplazamientos y la rapidez con la que los usuarios pueden viajar por los espacios de comunicación pueden determinar la pujanza de la metrópoli en cuestión.

Hay una tendencia lógica a que las ciudades alcancen un mayor grado de sostenibilidad para que mejore la calidad de vida de sus habitantes pero no es menos cierto que conjugar conservacionismo y progreso es capital para que no se frene la oportunidad de crecer de manera regulada y consensuada.

La ciudad de Valencia es un buen ejemplo de gran urbe donde los 800.000 residentes disfrutan de un enclave geográfico privilegiado. Esa población se eleva hasta casi el millón y medio de habitantes si se considera también su área metropolitana y esta numerosa demografía tiene incidencia en los desplazamientos masivos a través de los diferentes medios de transporte. Aprovechar las oportunidades de mejora resulta ineludible para canalizar con eficacia esos flujos diarios de personas y es el caso que surge con la V-21, la autovía de acceso desde el norte de la capital del Turia.

Durante años se estableció un debate para conformar la mejor manera de adecuar esta entrada, mejorar su capacidad y nivel de servicio. Todos los actores estaban de acuerdo en la necesidad de ampliar a un tercer carril tanto la entrada como la salida de la ciudad por esta carretera que soporta una intensidad media de 70.000 vehículos diarios.

Las Administraciones se conjuraron para hacer posible esta mejora a poco que mejoraran las condiciones económicas del país y ahora que se da esa circunstancia el Ministerio de Fomento ha dado luz verde al proyecto y ha comenzado los trámites para la adjudicación de la obra: con un valor de 29 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Joan Ribó (Compromís) –con el apoyo del PSPV y la marca blanca de Podemos en la ciudad– ha pedido que se paralice la obra. El argumento empleado es la afectación de una zona de huerta que quieren minimizar, aseguran.

Lo cierto es que la petición es extemporánea, ya que en la fase de alegaciones no se expresaron en ese sentido. Lo único que ha variado es la composición política y la actuación caprichosa de Podemos y Compromís que los socialistas no han sabido o no han querido frenar porque avalaron con sus votos en el plenario municipal la iniciativa de paralizar la obra. Este proceder supone un perjuicio grave para los valencianos, ya que el Ministerio de Fomento ha advertido que hacer un nuevo proyecto podría retrasar la ejecución de una alternativa durante una década.

La inseguridad jurídica que generan los mal llamado gobiernos del cambio es constante y ésta es la última prueba de ello. En la fase de exposición pública todo el mundo puede presentar sus alegaciones pero cuando ya todo está acordado y a punto de abrirse la plica técnica y económica no se puede alterar lo que tanto diálogo y años de esfuerzo ha costado.

Los atascos diarios pueden perpetuarse, incluso agravarse, por esta decisión caprichosa a la que Fomento, con buen criterio, no ha sucumbido. Y también pone en riesgo la ejecución del acceso norte al Puerto de Valencia –uno de los principales motores de la economía valenciana– que también pasa por la remodelación de la V-21.

El progreso debe contar con herramientas útiles y el intercambio de información entre Administraciones es básico. Cuando se cumplen todos los requisitos técnicos de estudio y se da la oportunidad a la sociedad para que se exprese al respecto de la elaboración de un proyecto que va a tener gran trascendencia en el día a día de los ciudadanos, no es admisible ninguna actuación caprichosa y caciquil como la que ha encabezado Joan Ribó con sus socios de gobierno. Muy al contrario, es censurable y evidencia el talante de quien la protagoniza.

Estamos acostumbrándonos a los tics autoritarios de quienes intentan imponer una cierta visión de la realidad por encima del interés general pero los que sí creemos en los mecanismos de funcionamiento estipulados por la legalidad vigente no vamos a permitir esta deriva que solo ocasiona graves perjuicios a los ciudadanos. Urge recuperar los valores democráticos desde las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de Valencia y no se puede renunciar a lo que ya está previamente acordado. Los valencianos necesitan dirigentes responsables y no veletas que cambian en función del interés o guiados por su mero sectarismo ideológico.