La barrera contra el populismo

El populismo es una realidad que ha emergido como lo hace siempre en tiempos de crisis económica o de dudas existenciales y horizontes turbios para las sociedades. La política sensata y de consenso es el mejor remedio contra esa fiebre que hoy padecemos en muchos países con democracias sólidas pero con sufrimiento de la población por las consecuencias de esa pertinaz sequía laboral y salarios mermados.

En ese contexto el Parlamento autonómico valenciano está analizando la posibilidad de reformar la Ley Electoral Valenciana (LEV) y la rebaja del porcentaje de votos necesarios para tener representación en las Cortes. Actualmente esa cifra está situada en alcanzar el 5% del total de votos válidos emitidos a nivel autonómico, lo que ha ejercido de filtro para evitar la entrada de partidos muy minoritarios en la Cámara que dificultan el funcionamiento y entendimiento entre los diferentes grupos parlamentarios.

La propuesta que está impulsando el tripartito –aunque con algunas dudas y matices entre las filas socialistas– y de la que participa Ciudadanos, quiere situar esa barrera electoral en el 3%, esto es, bajarla dos puntos respecto a lo que recoge la LEV. La postura del PP siempre ha sido favorable a mantener lo que recogía la legislación vigente al entender que favorecía la proporcionalidad y la representatividad de los deseos ciudadanos expresados en las urnas.

El debate, sin embargo, gira en torno a otros parámetros y se quiere imponer a toda costa una rebaja al 3% que, en el caso de Compromís, pretende que sea provincial y no autonómico. Los populares planteamos ante esa tesitura que se considere que esa rebaja al 3% se haga siempre y cuando ese sea el porcentaje de votos obtenidos por una candidatura a nivel autonómico, es decir con la suma de las tres circunscripciones provinciales.

Es más, como ya planteamos la pasada legislatura, se puede dar una vuelta de tuerca al acercamiento de los políticos hacia los ciudadanos y que se produzca la elección directa de un tercio de los diputados a Cortes a través de circunscripciones que coincidan con las comarcas o partidos judiciales. Los otros dos tercios se tendrían que conseguir con el citado 3% autonómico. Es una forma de que la acción política se traslade a la calle y tenga una traslación directa a la representatividad en las Cortes Valencianas y a una mayor identificación de los diputados con los intereses de sus comarcas.

La propuesta de los nacionalistas, que también parece secundar Ciudadanos, nos parece que encierra una serie de peligros muy claros en el entorno social que vivimos como es el de facilitar la entrada en el Parlamento autonómico de grupos de origen populista ya sean de ideología ultraizquierdista o ultraderechista.

La irrupción de alguna candidatura con estos tintes dificultaría, aún más de lo que ya es, la convivencia parlamentaria y los puentes de diálogo y consenso que siempre deben primar la tarea de legislar en beneficio de todos los ciudadanos. Es una cuestión a reflexionar seriamente porque más adelante nos podemos arrepentir de esta reforma electoral que ahora se plantea si no se aborda con diálogo y consenso. Se trata de hacer compatible la mejora de la representatividad con la estabilidad y la gobernabilidad necesaria en un territorio, en este caso el valenciano.

El tripartito solo parece buscar con esta rebaja intentar que un grupo como Esquerra Unida (que logró algo más de 4% de los votos en 2015) entre en el Parlamento y sea una fuerza más en una hipotética coalición del Gobierno autonómico después de la cita con las urnas en 2019. Se abre la puerta, sin embargo, a formaciones que pueden estar más escoradas en el espectro ideológico y que se pueden beneficiar del descontento social en momentos puntuales, sea ahora o más adelante.

Un 3% de los votos únicamente en alguna de las provincias y no a nivel autonómico abarata la posibilidad de entrar en las Cortes y aumenta las expectativas de influir negativamente en la gobernabilidad por parte de grupos que son tremendamente minoritarios en la Comunidad Valenciana.

Compromís incluso va más allá en sus deseos y considera que tendría que haber una circunscripción única a nivel autonómico para seguir ahondando en su objetivo de acabar con las provincias (algo que ya ha explicitado con su anhelo de desaparición de las Diputaciones). Ahora persigue la eliminación de esas circunscripciones electorales provinciales que están blindadas constitucionalmente en el convencimiento de que será más beneficioso para sus intereses y perjudiciales para los grandes partidos nacionales.

Esa propuesta supondría automáticamente que los ciudadanos de Castellón perdieran representatividad en las Cortes y es una circunstancia por la que los nacionalistas quieren pasar de puntillas pero a los integrantes del PPCV nos preocupa. Estamos ante un tema sensible y solo con un amplio consenso se logrará una reforma electoral efectiva. Lo que no queremos es que se prime a la minorías como elemento de distorsión del deseo mayoritario de los ciudadanos.