Los gestos de Sánchez

La llegada precipitada y oportunista de Pedro Sánchez a la Moncloa no iba a hacer desaparecer por arte de magia los problemas y retos que tiene España ante sí. Había que observar la composición del nuevo Gobierno, ver las primeras decisiones y analizar el rumbo que toma la nave de este Ejecutivo que actúa en un equilibrio imposible con alianzas múltiples y compañeros de viaje, en algunos casos, nada deseables.

Y no ha habido que esperar mucho. En su propio gabinete ha surgido la primera encrucijada. El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, defraudó a Hacienda 218.322 euros con una sociedad pantalla que montó en el año 2006 y las dos sentencias que hay al respecto consideran que actuó de “mala fe”. Obviamente, y aunque un ministro debería ser ejemplar al respecto, la precipitación de Sánchez por formar gobierno puede llevar a estos patinazos.

Huerta se negó a dimitir inicialmente, mintió al asegurar que la praxis que él exhibió es común entre los periodistas –nada más lejos de la realidad– y solo la debilidad de Sánchez ante la presión de sus socios y la insostenible versión de Huerta ante la sociedad volteó la decisión inicial de seguir y acabó por obligarle a dejar el cargo. Siete días ha durado este ministro valenciano.

La reacción inicial indica claramente que el listón que se ha colocado para los demás, en este caso el que situó Pedro Sánchez, no es válido para aplicarlo con los propios salvo que peligre la gobernabilidad del país, y Podemos ya amagó con ello.

Hay quien se mantiene todavía más apegado al cargo como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien hace dos años aseguró que sin un juez le investigaba dimitiría y ahora que se ha producido esa situación –declarará en el juzgado el próximo día 25– asegura que no va a dimitir porque es una cuestión administrativa.

Este teatro ante el que nos tienen acostumbrados las fuerzas políticas de la izquierda en España va más allá de lo judicial, de los fraudes o las dimisiones y se adentran también en la gestión. Fíjense si el PSOE en la Comunidad Valenciana ha criticado al Gobierno de España por la infrafinanciación. Lo hizo, eso sí, cuando estaba Mariano Rajoy al frente y sin embargo calló cuando el inquilino de la Moncloa era José Luis Rodríguez Zapatero que fue quien aprobó el modelo vigente.

Ahora que Pedro Sánchez está al mando del Gobierno los socialistas valencianos vuelven a callar y han retirado la enmienda que habían anunciado que presentarían en el Senado para crear un Fondo Transitorio de Financiación Autonómica para intentar tener recursos adicionales. De repente se han quedado sin voz, y tampoco enmendarán los presupuestos para que Valencia tenga una inversión mayor para el transporte metropolitano. Otro gesto claro de por dónde van a ir las cosas.

Temo que otra de las cuestiones en la que el anterior Gobierno de España se comprometió a solucionar, como es parar el intento de inmersión lingüística que está impulsando Ximo Puig junto a sus socios de Compromís, puede quedar al descubierto. La comisión bilateral abierta a tal efecto y el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Educativa valenciana están en barbecho. Ya hay contactos para “pastelear” esta cuestión básica para la sociedad valenciana porque determina su futuro y advierto que no vamos a admitir nada que perjudique a los valencianos y que restrinja sus libertades recogidas en la Constitución.

Si se retira la comisión bilateral o no se produce ese recurso ante el Constitucional por parte del Gobierno, desde el PP vamos a impulsar todas las acciones judiciales necesarias para que los padres puedan seguir eligiendo la lengua vehicular en la que estudian sus hijos.

Hay otros gestos que valoramos y compartimos como el de acoger a los inmigrantes que están a bordo del Aquarius y que llegarán a Valencia. Nadie puede ni debe cerrar los ojos ante el drama que están sufriendo esas personas y las miles que huyen de zonas de conflicto y de Estados fallidos.

Su atención es prioritaria y habrá que porfiar para que la política europea se refuerce y facilite una actuación reglada en estos casos para que quienes sufren la tragedia de estos desplazamientos y desarraigo forzoso puedan tener una atención, sanitaria y laboral que emanen de ese plan de los países europeos. Esa buena decisión no debe en ningún caso ser eclipsada por intentos de capitalizar el dolor ajeno con fines propagandísticos.

El balance general del Gobierno en quince días –crisis ministerial incluida– ofrece un sinfín de dudas y quedan por delante conflictos por resolver como el catalán. Si le sirve como pista a Pedro Sánchez, aquí en la Comunidad Valenciana la reapertura de la radiotelevisión pública ha ido acompañada de una agria polémica por los contenidos que programa la directora general –ex corresponsal de TV3– y que resultan “amables” con las tesis independentistas.

Puig abona ese terreno y Sánchez debe saberlo para cuando tenga que tomar decisiones o, como hasta ahora, mostrar los primeros gestos de su mandato que no sabemos si será efímero pero sí, seguro, lleno de incertidumbres.