El portavoz del Gobierno de Canarias,Alfonso Cabello, ha informado que se ha decidido extender la declaración de emergencia debido a la situación crítica de los menores migrantes no acompañados que actualmente están bajo la tutela del archipiélago. Los centros de acogida se encuentran al 123% de su capacidad, con alrededor de 5.860 jóvenes, lo que ha llevado a la ampliación de la medida que fue inicialmente activada en agosto de 2023, en respuesta a la creciente presión sobre los recursos.

Cabello destacó que, en algunos momentos, los centros han llegado a alcanzar hasta un 160% de ocupación. Con esta extensión de la declaración de emergencia, "se busca agilizar los procesos administrativos y garantizar que los centros sigan operativos frente a la constante llegada de jóvenes migrantes menores de 18 años a las costas canarias", indicó el portavoz del Ejecutivo regional.

Bajo este contexto, Cabello subrayó que la situación se prolonga debido a la "falta de respuesta" por parte del Estado para llevar a cabo el reparto de aproximadamente 4.400 menores, de los cuales 4.000 corresponden a Canarias y 400 a Ceuta, entre las distintas comunidades autónomas.

"Canarias sigue afrontando la situación, pero el Estado sigue sin dar respuesta a la emergencia humanitaria que estamos viviendo", afirmó el portavoz. Los centros de atención a estos menores en las islas están "totalmente colapsados y desbordados", mientras los profesionales del sector de salvamento marítimo "piden ayuda". "Y, sin embargo, seguimos sin respuesta por parte del Gobierno del Estado", concluyó Cabello, haciendo énfasis en la grave falta de acción a nivel estatal frente a la crisis.

Han pasado casi dos semana desde que la reunión prevista entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid, tuvo que ser cancelada debido a motivos de salud de Montero. Sin embargo, aún no se ha fijado una nueva fecha para este encuentro crucial, en el que se discutiría la ficha financiera destinada a que las comunidades autónomas puedan afrontar la atención de los menores migrantes.

Además, persiste la incertidumbre sobre el informe en el que está trabajando la Abogacía del Estado, el cual determinará el mecanismo legal para llevar a cabo la distribución extraordinaria de los menores. No se sabe si este se basará en una proposición de ley, como defiende el Estado, o en un decreto ley, como proponen las Islas.