El Gobierno de PP y Ciudadanos avanza en transparencia y derechos sociales

El Gobierno autonómico conformado por PP y Ciudadanos ha cerrado el 2019 con buenas sensaciones, tanto en el trabajo coordinado y conjunto que llevan a cabo a diario, como por los proyectos e iniciativas que se han puesto en marcha o están saliendo adelante en las Cortes.

Lo recordaba en estas páginas la semana pasada el portavoz del PP en el Parlamento, Raúl de la Hoz, cuando hacía un balance satisfactorio de este arranque de legislatura y afirmaba que la maquinaria «ya está en marcha» y que se va a empezar a notar ya en los primeros meses de este año en forma de leyes y planes.

Aunque es la transparencia y los derechos sociales los están marcado la agenda legislativa de la Junta en este inicio de mandato, como así defendieron en sus respectivas campañas electorales y recogieron después en su acuerdo de gobernabilidad. Por un lado, los populares han cumplido al presentar como primer anteproyecto la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones mientras que los «naranjas», de la mano del vicepresidente Francisco Igea, han impulsado la modificación de varias normas en el apartado de regeneración.

Hasta once anteproyectos se han hecho hueco en su tramitación en el Portal del Gobierno Abierto. Y el también consejero de Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior, revisa todas las leyes en materia de transparencia aprobadas por el anterior equipo del PP que los populares calificaron de «pioneras», según informa la agencia Ical.

Así, sin haber llegado a su aprobación por el Consejo de Gobierno se encuentran los anteproyectos de ley para regular las denuncias que reciba la Junta sobre delitos e incumplimientos del Código Ético; el de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización; el de modificación del Estatuto de los Altos Cargos; o el de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.

Asimismo, por los foros de participación ciudadana ya han pasado los proyectos sobre derechos y garantías ante el final de la vida así como el de garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en Castilla y León, más conocida como Ley LGTBI, que ha recibido más de 520 alegaciones en su inicio de tramitación. El anteproyecto de ley del tercer sector, presentado por Familia e Igualdad; el de derecho a la vivienda; el de patrimonio cultural o la nueva ley de caza, son otras de las iniciativas en marcha.

Proteger al empleado público que denuncie

Para este nuevo año recién comenzado, además de avanzar en la modernización de la regulación existente en torno al sector público, la Consejería de Transparencia que dirige Igea pretende profundizar en la protección de los funcionarios que denuncien algún delito contra la Administración Pública. Para ello, el vicepresidente cree necesario modificar la Ley aprobada hace tres años para poder aumentar la confianza de los denunciantes mediante el reconocimiento de mayores derechos y garantías.