Los vocales del Consejo General del Poder Judicial Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo, elegidos a propuesta del PSOE, arremeten muy duramente contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, por sus declaraciones a Onda Cero en las que, en relación con los datos de su territorio de fallecidos por coronavirus o causas vinculadas al mismo, venía a sostener que el Gobierno utilizaba el estado de alarma para“fines distintos a salvar a la población de la crisis del coronavirus”, y además cuestionó que el Gobierno use el estado de alarma para algo que no le permite la Constitución, ya que esta figura admite “limitar derechos pero no suspenderlos”, y en su opinión actualmente los españoles tienen “suspendidos algunos derechos fundamentales”.

Estas manifestaciones derivaron en que el CGPJ le remitiese una carta en la pedía a Concepción” “moderación, prudencia y mesura” y "responsabilidad institucional” por el cargo que ocupa a la hora de realizar declaraciones sobre ese tipo de materias.

Sin embargo, esta misiva, pese a refrendarlas, no era suficiente para esos tres vocales, quienes propusieron directamente que se remitiesen las declaraciones de José Luis Concepción al Promotor de la Acción Disciplinaria para que éste determinase si se le debía incoar o no un expediente disciplinario.

En el voto particular concurrente a la decisión adoptada, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Sepúlveda, Cuesta y Mozo arremeten contra el presidente del TSJ de Castilla y León, a quien vienen acusar directamente de falta de lealtad institucional: “Dichas manifestaciones se apartan de la lealtad Institucional que debe presidir la relación entre los Poderes del Estado, y no están a la altura que el ejercicio de la responsabilidad institucional exige a un representante Territorial del Poder Judicial, en esta hora dramática que vive España”, sostienen al respecto. Y, en cambio, parece “claro” que esas manifestaciones de José Luis Concepción “suponen una censura de la actividad del Gobierno en la utilización práctica del estado de alarma”, lo que está vetado a los jueces y magistrados..

Se da la circunstancia de que uno de esos vocales, Rafael Mozo, votó en contra del acuerdo del CGPJ de reprobar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuando éste criticó al Poder Judicial a raíz de la condena de la diputada autonómica madrileña por Podemos Isa Serra.

De hecho, en este voto particular se viene a marcar la diferencia entre las manifestaciones de un magistrado y la de cualquier ciudadano –no se especifica si miembro del Ejecutivo o no-. Así, afirman que los límites de la libertad de expresión de los propios jueces para preservar su imparcialidad o más exactamente su apariencia de imparcialidad de quienes ocupan una posición jurídica, “es bien distinta de todos los demás ciudadanos, por ser los titulares de un poder como es el jurisdiccional en el Estado de Derecho”.

Pero, además, entienden estos tres vocales que el presidente del TSJ de Castilla y León se pueden entender también como un intento de “influir” y “perturbar” la independencia de los juzgados y tribunales que deben conocer o conocerán procedimientos judiciales relacionados con la gestión por el Gobierno de la pandemia del Covid-19. En este sentido, afirman que las declaraciones de José Luis Concepción se refieren a temas de especial relevancia y actualidad, “y sobre materias que actualmente están siendo objeto y están sometidas a la consideración, conocimiento y pronunciamiento de diversos órganos Judiciales, lo que supone una especial falta de sentido de la oportunidad y prudencia”.

Y ello, añaden, por cuanto al ser calificadas como “reflexión jurídica” por el máximo representante del citado tribunal, “pudieran ser entendidas como un intento en influir y perturbar la independencia judicial de quienes deben pronunciarse en el ejercicio de la potestad jurisdiccional” sobre los asuntos relacionados con el coronavirus que estén ya o puedan llegar a los juzgados y tribunales.

En todo caso, si no se aceptaba la petición de remitir esas manifestaciones al Promotor de la Acción de la Justicia, los tres vocales “progresista” abogaban porque el CGPJ manifestase públicamente su posición de desaprobación de las declaraciones efectuadas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León “sobre la utilización que el Poder Ejecutivo está haciendo del estado de alarma, exigiendo un ejercicio prudente y responsable de la crítica y de la libertad de expresión, por parte, sobre todo, de quienes ostentan la condición de máximos representantes del Poder Judicial en los ámbitos territoriales e Institucionales”.