“El Congreso ha frenado el despropósito” de Pedro Sánchez sobre las remanentes municipales

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, señala que “este fracaso sin paliativos del Gobierno de España les obliga a negociar”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, celebró que la mayoría del Congreso de los Diputados “haya frenado en seco el despropósito del Gobierno de España de confiscar los ahorros de los ayuntamientos”, al tumbar con sus votos el Decreto Ley que recoge el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Para García Carbayo, que ha seguido la votación en la Cámara Baja junto a otros alcaldes de más de treinta grandes municipios de España y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), Ángeles Armisén, que aglutinan a más de 11 millones de habitantes, “el fracaso sin paliativos del Gobierno les obliga a negociar” con las corporaciones de los municipios españoles, “tal y como se había comprometido a hacer el presidente, Pedro Sánchez”, según recuerda el regidor salmantino

Es por ello que definió la votación como “una llamada urgente al diálogo y las soluciones reales, y un golpe de sensatez de partidos muy distintos ante la sinrazón del Gobierno de Pedro Sánchez en sus intenciones de apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos”, informaron fuentes del Consistorio Salmantino.

No podemos seguir perdiendo el tiempo”, insistió García Carbayo, quien señaló que los ayuntamientos necesitan “aprovechar cada céntimo de euro más que nunca para atender las necesidades de nuestros vecinos y evitar que la brecha social se haga más grande”. “Urge una solución y el Gobierno de España es el responsable de ponerla sobre la mesa, escuchando a los ayuntamientos”, subrayó el alcalde de Salamanca.

Además de exigir que se permita a los ayuntamientos usar sus ahorros “sin tutelas”, García Carbayo también pidió al Gobierno “un fondo incondicionado de 5.000 millones de euros, así como un fondo para el transporte de más de 1.700 millones”, de cara a “apuntalar el empleo, ayudar a los sectores estratégicos, respaldar a las empresas y a los autónomos y hacer frente a todos los gastos adicionales que está generando la pandemia” en los consistorios españoles.