“El Partido Popular de Castilla y León no va a permanecer impasible ante los ataques del Gobierno de España al sector remolachero”. Así de contundente se mostró el vicesecretario de Política Municipal del PPCyL, Héctor Palencia, tras la comunicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Comisión Europea, de su intención de aumentar el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10 al 21 por ciento.
Asimismo, criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez haya emprendido una campaña “retorcida y perniciosa" contra el azúcar, “comparando sus efectos con los del tabaco para desalentar su consumo” y sin tener en cuenta las nefastas consecuencias económicas que tendrá esta medida “en la industria alimentaria, la hostelería, en el sector remolachero y azucarero, y por extensión en todo el mundo rural de Castilla y León”.
Por este motivo, Héctor Palencia anunció que el PP autonómico presentará mociones en defensa del sector remolachero-azucarero, en diputaciones y ayuntamientos de toda la Comunidad. En este sentido, recordó que “el 85 por ciento de la remolacha se moltura en la Región, el 70 por ciento del cultivo se localiza aquí y cerca de 4.500 personas dependen del sector azucarero”, por lo que según garantizó el dirigente popular esta subida fiscal “causará un impacto económico sin precedentes en toda Castilla y León”.
El vicesecretario de Política Municipal del PPCyL también informó de que las mociones se presentarán con dos objetivos, por un lado “pedir al Gobierno de España que retire la propuesta de aumentar el IVA del 10 al 21 por ciento”, y por otro que “se retire la campaña que compara indebidamente al azúcar con el tabaco, y que sea sustituida por otras informativas y educativas, dirigidas a promover hábitos de consumo responsables”.
Petición de apoyo al Congreso
Por otra parte, representantes de los productores, industria, distribución y sindicatos del sector azucarero-remolachero se reunieron con la parlamentaria popular palentina Milagros Marcos, secretaria de Agricultura y Despoblación del partido, cuyo grupo defenderá una enmienda a los presupuestos generales del Estado, para que se retire la subida del IVA a las bebidas azucaradas.
Algunos responsables acudieron en persona al Congreso de los Diputados, como el presidente de Acor, Justino Medrano, donde se hicieron una foto en la escalinata de entrada, y otros participaron por vía telemática, en una reunión en la que se puso sobre la mesa el manifiesto suscrito por el sector, que es la base de la enmienda popular.
Milagros Marcos explicó a Ical, que se ha puesto en contacto con los otros grupos, para que apoyen su enmienda y explicó que moverán “todos los resortes para lograrlo”. Concretó que el PNV les trasladó que lo estudiará “porque el País Vasco tiene muchas hectáreas de remolacha”; Navarra les apoya; así como Cantabria, dijo, para lamentar la postura de Ezquerra, “que no entiendo porque el sector catalán de bebidas se vería muy afectado”. “Vamos a ver hasta donde llega la ideología y hasta donde el sentido común”, dijo, para reconocer que “no esta desanimada” sobre el posible resultado de este problema que “está en el Congreso”.
La diputada popular también recalcó que desde su partido presentarán enmiendas en ayuntamientos y diputaciones, así como en las autonomías, para apoyar esta enmienda, para cargar contra un Gobierno que hace recomendaciones sanitarias y toma decisiones sobre una base “ideológica” no “científica”.
Milagros Marcos argumentó que “no es verdad que la decisión tenga que ver con la salud” porque en los países donde se adoptó este camino, se impactó en la economía no en el estado de los ciudadanos y se tuvo que retirar. Asimismo, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo razonable del azúcar.
“Demonizar un producto no tiene sentido, lo importante es impulsar un estilo de vida saludable y la dieta mediterránea”, argumentó, para insistir en que el Ejecutivo “desinforma” con un mensaje ideológico de que el azúcar “mata”. “Lo que mata es el consumo irresponsable de cualquier producto”, aseveró.
Marcos advirtió de que el impacto de este gravamen en el medio rural “será tremendo”, cuando se habla de luchar contra la despoblación, cuando no hay otro cultivo que no fije más a los habitantes que la remolacha, y todas las molturadoras están en pueblos.
Asimismo, denunció que lo que se pretende recaudar con todos los impuestos al campo (gasóleo, plásticos, residuos, comercialización digital y azúcar), “es mucho más de lo que llega a toda la cadena alimentaria”, porque el Ministerio de Agricultura es el que menor presupuesto. Agregó que están en peligro 4.400 cultivadores de remolacha; 20.000 empleos de la industria transformadora y 6.000 vinculados a ella.
Milagros Marcos recalcó que perderán los productores de bebidas azucaradas pero sobre todo los lácteos y el sector de la fruta, con el consiguiente desperdicio alimentario y la entrada de zumos de otros países mucho más baratos para compensar la subida de impuestos.
También, constató que el Gobierno va en contra de lo que es necesario en un contexto de crisis por la pandemia, cuando el resto de países “reduce impuestos”. Advirtió además que el 20 por ciento de los 400 millones que se prevén recaudar, lo pagarán “las familias más humildes”.
Manifiesto
El manifiesto sobre el que se asienta la propuesta del PP lo suscriben los representantes de los productores, Asaja, COAG, UPA, cooperativas alimentaria y Fepex, Acur, Azucarera, y Fenil; los sindicatos CCOO y UGT; la industria con FIAB, Produlce, AECOC; Levaduras, Asozumo y Cítricos de España; la distribución a través de ACES, ANGED y ASEDAS, junto a Hosteleros de España; y administraciones públicas, la FEMP y autonomías.
El manifiesto destaca que todas estas organizaciones se unen “en defensa del azúcar, su consumo responsable y contra las subidas fiscales de alimento y bebida”. Exponen al respecto que cualquier aumento de la presión fiscal sobre el sector en la actual crisis “tendría graves efectos económicos y sociales”.
Asimismo, indican que las medidas fiscales contra productos como las bebidas azucaradas “tienen un efecto recaudatorio que afectará a las rentas más bajas”. Agregan que “no está demostrado” que estas medidas fiscales “tengan efector en el objetivo perseguido o prevenir la obesidad y el sobrepeso”.