No sé si será verdad

Un momento. Aquí se están desarrollando una serie de acontecimientos de los cuales o no nos estamos percatando o, de no ser así, nadie está reaccionando. O por lo menos no se está reaccionando en el nivel que requieren los hechos cometidos: injerencia política de órdago en el poder judicial a través de la reforma del mecanismo de elección de los miembros del CGPJ, menosprecio del castellano como lengua vehicular en la educación y, ahora, control de las informaciones a través del denominado Ministerio de la Verdad.

Por cada acción encuentro la violación de, como mínimo, un artículo de la Constitución y de los principios fundamentales en los que debe asentarse un Estado social y democrático de Derecho. Presuntamente, claro. Pues quienes deben decir si ha infringido alguna norma o se ha cometido un delito son los jueces y magistrados que encarnan el Poder Judicial.

La nueva Orden que publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional me parece, cuanto menos, peligrosa para nuestro sistema de libertades. El propósito, en sí mismo, puede incluso ser del agrado de muchos: acabar con las fake news y la información engañosa. Pero el protocolo que lleva implícito dicho fin pone en tela de juicio cualquier información, siendo el Gobierno –el Poder Ejecutivo– el encargado de decir qué información es verdad y cuál es mentira. Este tipo de acciones son propias de regímenes totalitarios donde una sola persona tiene el control del resto de poderes, poniendo a merced del Gobierno de turno la libertad de expresión y de prensa, utilizando como excusa que este tipo de mecanismos, que coartan dichas libertades, son los idóneos para potenciarlas y crear sociedades más libres, donde se garantice el pluralismo de los medios de comunicación.

Ideológicamente habrá quien defienda a ultranza este tipo de conductas, pero jurídicamente creo que no tienen mayor recorrido y que pronto el Tribunal Constitucional responderá con firmeza. Quizá me equivoque y, en un hipotético caso, todo encaje en nuestro Sistema Constitucional y así lo ratifique el TC, pero seguiré manteniendo que la unificación de los tres Poderes en uno solo –o en Iván Redondo–, junto con el control de la educación y los medios de comunicación es para, cuanto menos, alarmarse y reaccionar.

El doble rasero también se ha impuesto en el modo de pensar, aunque esto no es nuevo. Una acción es sancionable y reprochable socialmente dependiendo de quiénes sean sus autores. Estas mismas acciones llevadas a cabo por un Gobierno de otro signo tendrían como consecuencia directa la mayor condena por parte de los ciudadanos o, por lo menos, reacciones con mayor sonoridad. Y no es para menos cuando están en juego las libertades. Se deberían juzgar los hechos por sus consecuencias y no por quiénes sean sus autores, aunque ya dijo Campoamor «y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira». En algunos casos, ese cristal es opaco y no nos deja ver más allá de la punta de nuestra nariz. O sí que nos deja… pero no queremos.